Corte Suprema inaplica leyes de prescripción y amnistía en el caso Cayara

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia resolvió el Recurso de Nulidad 1809-2023 en el proceso por la masacre de Cayara, ocurrida en mayo de 1988 en Ayacucho, y dispuso inaplicar la Ley 32107 y la Ley 32419, que regulan la prescripción de la acción penal en delitos de lesa humanidad y la amnistía para miembros de las fuerzas del orden. La resolución, fechada el 3 de junio de 2026, se difundió el lunes 9 de noviembre.

El tribunal recurrió al control de convencionalidad. Sostuvo que los hechos juzgados constituyen crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, que considera imprescriptibles y no amnistiables conforme al derecho internacional consuetudinario y a los tratados ratificados por el Estado peruano.

Un punto central del fallo es su lectura del Tribunal Constitucional. La Sala señaló que la sentencia 190/2025 del TC sobre la Ley 32107 obtuvo solo cuatro votos conformes y que, al no alcanzar la mayoría calificada de cinco exigida por el Código Procesal Constitucional, no constituye interpretación vinculante ni impide a los jueces ordinarios ejercer el control difuso.

En cuanto a las responsabilidades, la Corte ratificó la condena de 15 años de prisión contra el teniente coronel Marco Antonio Llontop Jesús y el capitán Luis Alberto Castañeda Marín como autores de homicidio calificado, en su condición de jefes de las unidades desplegadas en 1988. También confirmó ocho años de prisión para 16 efectivos de las patrullas Grass y Huayacán, por su intervención en la ejecución de comuneros en Cayara y en los sectores de Erusco y Ccechua.

Respecto de la cúpula, el tribunal anuló la absolución del exgeneral José Rolando Valdivia Dueñas, entonces jefe de la Subzona de Seguridad 5 y del comando político-militar de la zona, y la de Enrique Majluf Vivanco, quien se desempeñaba en el área de inteligencia G-2. La Sala atribuyó vicios de motivación y una valoración incompleta de la prueba, y ordenó un nuevo juicio oral ante otro colegiado. Ambos conservan la condición de procesados, como publicó este diario en TC admite demanda contra la ley de pensiones de maestros.

El fallo tiene implicancias que exceden el expediente. La Ley 32107 y la Ley 32419 fueron aprobadas por el Congreso unicameral anterior y respaldadas por bancadas que las presentaron como una garantía de seguridad jurídica para militares y policías que enfrentaron al terrorismo. Sus críticos, entre ellos organizaciones de víctimas y de derechos humanos, sostuvieron que abrían la puerta a la impunidad en casos de graves violaciones.

En el proceso, defensas de exmilitares procesados por Cayara habían solicitado la aplicación de la ley de amnistía. La decisión suprema rechaza ese camino y se aparta del criterio de los legisladores que impulsaron esas normas.

El caso regresará ahora a la Corte Superior para el nuevo juicio de los dos exaltos mandos. La resolución también podría ser invocada en otros procesos por violaciones de derechos humanos del periodo de violencia, y es previsible que reavive en el Congreso bicameral el debate sobre la vigencia de ambas leyes y el alcance de las sentencias del Tribunal Constitucional.