TC admite demanda contra la ley de pensiones de maestros

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581, denominada «Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú». La resolución dispone correr traslado al Congreso de la República para que se apersone y responda en un plazo de 30 días útiles.

La decisión del pleno —integrado por los magistrados Pedro Hernández Chávez, Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Luis Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich— se adoptó luego de que el gremio profesional subsanara los requisitos de admisibilidad. El decano acreditó el acuerdo del Consejo Directivo en sesión extraordinaria, conforme al Código Procesal Constitucional.

En su recurso, el Colegio de Economistas de Lima sostiene que la Ley 32581 vulnera la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que consagra el principio de sostenibilidad financiera y prohíbe la nivelación pensionaria. Según la entidad, la norma vincula de manera directa y permanente las pensiones de los docentes cesantes con las remuneraciones de los maestros en actividad, lo que configuraría un reajuste automático vedado por el marco constitucional.

El demandante también advierte efectos económicos adversos y se respalda en estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Argumenta que la ley crea un compromiso financiero sin fuente de financiamiento identificada, en contravía del equilibrio presupuestario y de la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo en materia hacendaria. Asimismo, alega vulneración del derecho a la igualdad ante la ley por un trato diferenciado frente a otros colectivos de pensionistas del sector público.

El ingreso de la demanda al TC desplaza la controversia del terreno legislativo al constitucional. Mientras el Congreso debe formular su defensa institucional, el MEF y el sector Educación quedan en la expectativa de un pronunciamiento que podría confirmar, modular o dejar sin efecto un beneficio pensionario de alto impacto fiscal, como publicó este diario en Congreso envía al Ejecutivo ley que otorga bonos a Educación y Pensión 65.

Para el magisterio cesante, la norma representa una garantía de protección social; para el fisco, un pasivo de largo plazo cuya magnitud el gremio demandante pone en duda. El proceso no prejuzga el fondo: la admisión solo abre el contradictorio. El siguiente hito es la respuesta del Parlamento dentro del plazo de 30 días útiles y, en su momento, el debate en el pleno del TC.

En el equilibrio de poderes, el caso ilustra la tensión entre reivindicaciones sectoriales aprobadas en sede legislativa y los límites constitucionales de sostenibilidad. Cualquiera sea el sentido del fallo, redefinirá el margen del Congreso para legislar pensiones con reajustes ligados a remuneraciones activas.