Archivo en Diputados devuelve a la Fiscalía el caso de ascensos militares

El pleno de la Cámara de Diputados rechazó el martes 10 de noviembre el informe final que recomendaba acusar ante el Senado al expresidente Pedro Castillo y al exministro de Defensa Walter Ayala por presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El documento reunió 54 votos a favor, 43 en contra y 11 abstenciones, una cifra insuficiente para alcanzar la mayoría que exige el procedimiento, por lo que la denuncia constitucional no continuará su trámite en la Cámara Alta.

El resultado tiene efectos que van más allá del caso. Se trata de una de las primeras acusaciones constitucionales votadas bajo el nuevo esquema bicameral, en el que Diputados decide si un alto funcionario debe ser acusado y el Senado resuelve después. Además, la votación se produjo antes del 15 de noviembre, fecha en que vence la prerrogativa de antejuicio de Ayala como exministro.

La denuncia constitucional 12 (antes 403) fue presentada por la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides. Para Castillo, el informe proponía acusarlo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio; para Ayala, por abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado. También planteaba levantar el fuero de ambos para que el Ministerio Público pudiera actuar.

Según los reportes de la sesión, Juntos por el Perú y Obras votaron en contra del informe y algunos integrantes de Ahora Nación se abstuvieron. Renovación Popular, Fuerza Popular y Buen Gobierno respaldaron la acusación. El debate había sido programado inicialmente para el 29 de octubre, pero se postergó a pedido de las defensas, que solicitaron más tiempo.

Castillo intervino ante el pleno desde el penal de Barbadillo. Sostuvo que la evaluación y disposición de los ascensos corresponde a las juntas de las propias instituciones castrenses y no a la Presidencia, que no recibió en privado a oficiales interesados en ser promovidos y que nunca obtuvo beneficios económicos por decisiones de su gestión. El expresidente también recordó que afronta más de 70 carpetas fiscales y pidió a los diputados ponderar los argumentos de su defensa, tema que ya cubrimos en Yenifer Paredes pide al Mininter informes sobre detención de Castillo.

El archivo no cierra necesariamente el caso. El abogado constitucionalista y excongresista Luis Roel explicó en una entrevista televisiva que el reglamento de la Cámara de Diputados permite presentar una nueva denuncia constitucional si surgen hechos nuevos y ha transcurrido una legislatura desde el archivo. A su juicio, la Fiscalía puede seguir reuniendo elementos, pues los delitos atribuidos aún no habrían prescrito. Roel atribuyó el resultado a las abstenciones y ausencias, y consideró que las acusaciones constitucionales dependen también de los acuerdos políticos dentro del Parlamento.

Castillo y Ayala mantienen la condición de investigados y gozan de la presunción de inocencia. El caso, que se originó en la gestión de 2021 y 2022, vuelve ahora al terreno del Ministerio Público, mientras la nueva correlación de fuerzas en Diputados queda registrada como un factor decisivo para el destino de las acusaciones contra exaltos funcionarios.