Foto: Felipe Restrpo Acosta / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
Fiscal de la Nación pide al Senado S/ 6900 millones para la Fiscalía
Tomás Gálvez afirmó que el Ejecutivo solo asignó unos S/ 3400 millones para 2027, mientras los senadores le exigieron resultados y mayor control interno.
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, pidió al Congreso elevar el presupuesto del Ministerio Público para 2027 hasta unos S/ 6900 millones, el monto que, según dijo, la institución necesita para cubrir la totalidad de sus operaciones. Lo planteó el jueves 12 de noviembre ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, presidida por la senadora Katherine Ampuero (Renovación Popular).
De acuerdo con Gálvez, el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo asigna alrededor de S/ 3400 millones, es decir, cerca de la mitad de lo requerido. El fiscal afirmó que la entidad arrastra atrasos en el pago de alquileres de locales y en obligaciones derivadas de sentencias judiciales, y resumió la situación con una frase: "No le podemos pagar a nadie. No podemos cumplir con las sentencias judiciales porque no tenemos plata". Añadió que conversa con legisladores para que el incremento sea considerado en el debate parlamentario.
El pedido llega en un momento decisivo: el pleno del Congreso iniciará el martes 17 de noviembre la sustentación de los dictámenes del presupuesto 2027, jornada en la que también expondrán los titulares de los organismos autónomos, entre ellos la Fiscalía de la Nación. La votación final está prevista para el viernes 20 de noviembre.
La sesión, sin embargo, no se limitó a las cifras. Según la información oficial del Congreso, los senadores condicionaron su respaldo a resultados verificables. Martha Chávez (Fuerza Popular) expresó su preocupación por una tasa de sentencias condenatorias de entre 0,5 % y 1,1 % frente a un acumulado de tres millones de carpetas fiscales, y pidió por escrito un informe comparativo entre carpetas abiertas, denuncias formalizadas y condenas obtenidas.
Alejandro Aguinaga criticó la falta de coordinación entre la Fiscalía y la Policía Nacional, a las que describió como instituciones que trabajan en compartimentos estancos. Andrés Ramos (Juntos por el Perú) exigió avances en las investigaciones por las muertes y denuncias de tortura durante las protestas de 2022 y 2023 en Ayacucho, Puno e Ica, y advirtió demoras en 51 carpetas vigentes. Jorge Gavidia consultó si existe una estimación de costos para fortalecer una unidad de investigación patrimonial interconectada con Reniec, Sunat, Sunarp y la Unidad de Inteligencia Financiera, como contamos en Comisión Bicameral aprueba el dictamen del presupuesto 2027.
Mirtha Vásquez (Ahora Nación) destacó la coincidencia institucional en torno a la derogación de la Ley 32130, con el objetivo de restituir plenamente al Ministerio Público la conducción de la investigación del delito. Según precisó, el dictamen ya fue aprobado en la comisión y pasará al pleno del Senado. Por su parte, Ampuero pidió detallar la brecha entre lo solicitado y lo proyectado, preguntó por el plan de contingencia ante una eventual negativa del Ministerio de Economía y Finanzas, y alertó sobre denuncias de presunta politización de algunos fiscales.
La discusión anticipa una de las tensiones del debate presupuestal: la demanda de más recursos por parte de un Ministerio Público que enfrenta cuestionamientos sobre su eficacia, en un contexto en que el Congreso bicameral también discute recortes a su propio pliego. La decisión final dependerá de la negociación entre la Comisión Bicameral de Presupuesto, el Ejecutivo y las bancadas antes de la votación en el pleno.
