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Diputados debaten acusar a Pedro Castillo y Walter Ayala por ascensos
Foto: Ministerio de Defensa del Perú / Wikimedia Commons · CC BY 2.0
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Diputados debaten acusar a Pedro Castillo y Walter Ayala por ascensos

El informe final de la denuncia constitucional 12 propone levantar el fuero de ambos y llevar la acusación al Senado antes de que venza la prerrogativa de Ayala el 15 de noviembre.

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El Pleno de la Cámara de Diputados tiene en agenda para su sesión del martes 10 de noviembre el informe final de la Denuncia Constitucional 12, antes 403, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Defensa Walter Ayala Gonzales. El documento recomienda acusar a ambos por presuntos delitos contra la administración pública vinculados a la gestión de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y levantarles el fuero para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones.

La denuncia fue interpuesta por Patricia Benavides cuando ejercía como fiscal de la Nación. En el caso de Castillo, el informe concluye que se recabaron elementos de convicción sobre la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio, al sostener que habría instrumentalizado su cargo para vender ascensos y favorecer indebidamente a terceros.

Para Ayala, la recomendación es acusarlo por presunto abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, en su condición de presunto intermediario. Sin embargo, el informe propone archivar el extremo de organización criminal: sostiene que no se acreditó una estructura criminal paralela a la estatal y que las penas de los delitos atribuidos no alcanzan el umbral de gravedad que exige la Ley 32138. Ambos mantienen la condición de investigados y la presunción de inocencia.

El calendario explica la urgencia. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales remitió el informe a la Comisión Permanente del Congreso unicameral el 10 de abril de 2026; con la instalación del nuevo Parlamento, el expediente pasó el 30 de setiembre a la Comisión de Acusaciones Constitucionales de Diputados, que el 7 de octubre acordó elevarlo al Pleno por la cercanía de la caducidad de la prerrogativa de Ayala, fijada para el 15 de noviembre.

El debate estaba programado para el jueves 29 de octubre, pero fue reprogramado a pedido de los propios denunciados, Castillo y Ayala, según consta en la agenda oficial. La Junta de Portavoces, presidida por el titular de la Cámara, Oscar Reto, lo volvió a incluir en la sesión del lunes 9 de noviembre, como contamos en Yenifer Paredes pide al Mininter informes sobre detención de Castillo.

El reglamento de la Cámara de Diputados establece que un informe que propone acusar ante el Senado requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de diputados, y que, cuando hay varios denunciados, la votación se realiza por separado para cada uno. Si se aprueba, la Cámara designa una comisión acusadora de tres diputados que sustentará el caso ante el Senado, instancia que deberá decidir en última fase.

El caso se suma a la situación judicial de Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, cuyo entorno de custodia está bajo revisión tras conocerse la contratación de familiares de agentes penitenciarios en despachos de Juntos por el Perú. Hasta la publicación de esta nota no se conocía un pronunciamiento público de sus defensas sobre la nueva fecha; en octubre, ambos pidieron postergar el debate. La votación del martes medirá también la disposición de la nueva Cámara baja para tramitar acusaciones constitucionales heredadas del anterior Congreso.

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