Foto: Avodrocc (Flickr) / Wikimedia Commons · CC BY 2.0
Ejecutivo endurece penas por extorsión y redefine la legítima defensa
Los decretos legislativos 1743 y 1744 castigan a quien preste cuentas o billeteras digitales a extorsionadores y presumen racional la defensa propia.
El Poder Ejecutivo publicó en una edición extraordinaria de las Normas Legales del diario oficial El Peruano los decretos legislativos N.° 1743 y N.° 1744, dictados en el marco de la delegación de facultades aprobada por el Congreso en materia de seguridad ciudadana. La Presidencia del Consejo de Ministros difundió su contenido en la mañana del lunes 9 de noviembre.
El Decreto Legislativo N.° 1744, impulsado por el Ministerio de Justicia, modifica el Código Penal, la Ley de Delitos Informáticos, el Código Procesal Penal y la normativa sobre geolocalización. Su eje es la ruta del dinero: quien facilite deliberadamente cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros servicios financieros para recibir o canalizar pagos extorsivos recibirá la misma pena prevista para la extorsión, cuando conozca o deba presumir su finalidad delictiva.
La norma eleva a un rango de seis a doce años la pena por integrar una banda criminal y castiga con diez a doce años la conspiración o el ofrecimiento para cometer sicariato, con un máximo de quince años si intervienen menores o si la conducta se ejecuta desde un penal. También endurece las sanciones contra servidores penitenciarios que ingresen o permitan el ingreso de equipos de comunicación, y sanciona la alteración de los elementos de rastreo de armas, los reportes falsos de pérdida o robo y la suplantación de identidad para adquirirlas.
En el ámbito digital, el acceso ilícito a sistemas mediante el uso no autorizado de credenciales o códigos de verificación será penado con tres a seis años de prisión. En lo procesal, la detención judicial en flagrancia podrá extenderse hasta quince días en casos de extorsión, sicariato, secuestro y crimen organizado, y hasta diez días para el reingreso ilegal de extranjeros expulsados, que además tendrán prisión efectiva.
El Decreto Legislativo N.° 1743 modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal. Mantiene como requisito la existencia de una agresión actual, ilegítima y real, pero establece que se presume racional la actuación de quien se defiende, de modo que corresponderá a la Fiscalía demostrar lo contrario. Además, excluye el criterio de proporcionalidad de medios y ordena valorar la intensidad y peligrosidad del ataque, la conducta del agresor y los medios disponibles, desde la perspectiva de quien se defendió, como contamos en Gobierno aprueba decreto legislativo para que las Fuerzas Armadas refuercen la seguridad externa de los penales.
La norma obliga a los fiscales a archivar las investigaciones cuando concurran los supuestos de legítima defensa y exige a los jueces una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad, para descartar esa presunción, incluso en procesos en trámite.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, defendió el paquete como una respuesta integral. "Por un lado vamos tras el dinero ilícito de la extorsión que alimenta la violencia en nuestras calles y por el otro estaremos del lado de las víctimas que se defienden ante una agresión delictiva", afirmó.
Los decretos se suman al que dispuso la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales. El Congreso conserva la potestad de revisar las normas dictadas por delegación, y el alcance de la nueva presunción, que modifica el reparto de la carga probatoria entre víctima y Ministerio Público, será puesto a prueba por fiscales y jueces en su aplicación.
