El Poder Judicial de Perú declaró "improcedente" la última demanda de hábeas corpus presentada en favor del expresidente Pedro Castillo, solicitando su libertad inmediata. La resolución fue emitida por la jueza constitucional Ana Osorio, quien desestimó el recurso interpuesto por Walter Ayala, abogado y exministro de Defensa de Castillo. El magistrado argumentó que las conclusiones contenidas en un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) no constituyen una decisión jurisdiccional vinculante para el Estado peruano.
Argumentación jurídica y contexto internacional
La resolución, accesible a través de RPP con fecha del 14 de agosto, detalla que la opinión emitida por dicho grupo de trabajo no incide directamente en los procesos o decisiones jurisdiccionales internas. La jueza Osorio fundamentó su decisión tomando como base un pronunciamiento del Tribunal Constitucional peruano, el cual establece que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es un procedimiento especial con origen extraconvencional.
Este organismo fue creado en mérito a la Resolución 1991/42 de la antigua Comisión de Derechos Humanos, fechada el 5 de marzo de 1991. En consecuencia, se sostiene que el Estado peruano no se ha sometido expresamente a dicho organismo, lo cual explica por qué sus recomendaciones carecen de fuerza obligatoria en los tribunales nacionales.
Antecedentes penales y solicitud legal
Pedro Castillo se encuentra detenido desde el 7 de diciembre de 2022, fecha posterior a su fallido intento de golpe de Estado. La demanda de hábeas corpus buscaba anular las resoluciones legislativas que aprobaron la vacancia del expresidente por permanente incapacidad moral y el levantamiento de su antejuicio político, como contamos en Pedro Castillo reaparece en audiencia virtual para pedir su libertad.
Adicionalmente, el recurso solicitó la nulidad de la condena impuesta por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema el 4 de diciembre de 2025. En dicha sentencia, Castillo fue hallado responsable del delito de conspiración para rebelión y condenado a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión. La defensa también pedía anular el mandato de prisión preventiva dictado en su contra por la investigación preparatoria relacionada con los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
Reacciones políticas
Frente a este desarrollo judicial, la Bancada de Juntos por el Perú anunció una moción para crear una comisión investigadora sobre el caso del expresidente. Esta iniciativa política se suma al debate público en torno a los procesos judiciales que enfrenta Castillo y las implicaciones legales derivadas de su detención.
