El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, confirmó que el Gabinete ministerial no ha debatido una eventual salida del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En declaraciones publicadas por El Comercio y actualizadas el 15 de agosto de 2026, el titular del Ministerio de Justicia precisó que esta medida no forma parte de los compromisos de campaña de la presidenta Keiko Fujimori. No obstante, señaló que el Ejecutivo considera necesaria una “reforma profunda” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), propuesta que se buscará promover ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en coordinación con otros países.
Reforma del SIDH y cuestionamientos al sistema actual
Aunque descartó el retiro institucional, Álvarez no ocultó su crítica hacia el funcionamiento vigente. En entrevista, afirmó que algunos trabajadores del sistema responderían a intereses y agendas vinculadas a organizaciones no gubernamentales internacionales. “Necesitamos un sistema que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos”, sostuvo el ministro. Indicó que solicitará a la presidenta Fujimori respaldar esta reforma, considerándola una prioridad para el Ministerio de Justicia y para un sector relevante de la comunidad jurídica peruana.
Nuevas atribuciones para las Fuerzas Armadas en prisiones
En otro orden de temas, el ministro anunció que el Ejecutivo impulsará mediante propuesta legislativa que las Fuerzas Armadas realicen el control perimétrico de los establecimientos penitenciarios. Esta medida busca impedir el ingreso de objetos prohibidos y controlar la instalación de antenas utilizadas por organizaciones criminales. Álvarez estimó que el proyecto sobre legislación delegada sería presentado a fines de esta semana o a mediados de la próxima, con un plazo aproximado de dos meses para la emisión de decretos tras su aprobación en el Congreso, como publicó este diario en Poder Judicial desestima habeas corpus que pedía libertad inmediata de P. Castil.
Crisis financiera del INPE
Finalmente, Álvarez cuestionó la situación financiera del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), asegurando que la anterior administración dejó sin recursos para servicios básicos como limpieza y seguridad. Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de redefinición de políticas públicas donde el Ejecutivo busca equilibrar la defensa de los derechos humanos con la seguridad interna, manteniendo una postura crítica pero institucional frente a los organismos internacionales.
