El expresidente Pedro Castillo volvió a aparecer en el escenario judicial mediante una audiencia virtual celebrada ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima. La sesión tuvo como objetivo principal que el exmandatario sustentara personalmente los argumentos del recurso de hábeas corpus presentado por su defensa legal, iniciativa cuyo fin es obtener su libertad inmediata y revocar la medida privativa de libertad con la que cumple condena en el penal de Barbadillo.
Fundamentos basados en resoluciones internacionales
Durante la comparecencia remota, Castillo sostuvo que su intervención del 7 de diciembre de 2022 derivó en un arresto ejecutado al margen de los procedimientos legales establecidos. La línea argumental central del pedido se basa en una resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, organismo internacional que concluyó que la aprehensión del exmandatario calificaba como arbitraria y recomendó al Estado peruano evaluar su excarcelación.
Defensa técnica cuestiona legalidad de la captura
El abogado defensor José Domingo Pérez expuso ante los magistrados que la revisión del recurso no requiere una condena con carácter firme, precisando que el fallo penal contra Castillo por intento de golpe se encuentra en trámite de apelación. La defensa también cuestionó si la detección policial ocurrió antes o después de la votación del pleno del Congreso sobre su destitución, buscando establecer inconstitucionalidad en el procedimiento, como publicó este diario en Poder Judicial desestima habeas corpus que pedía libertad inmediata de P. Castil.
Argumentos constitucionales y derechos humanos
El procesado afirmó que nunca fue notificado ni de la moción de vacancia ni del proceso de antejuicio político contemplado en el artículo 99 de la Constitución. Castillo agregó que esta falta de notificación representó una infracción directa al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, rechazando además la figura de flagrancia imputada por la Fiscalía.
