El Gobierno del Perú, a través de su Cancillería, emitió un comunicado oficial en el que rechazó con firmeza la aprobación en primera votación de una nueva reforma constitucional por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Este pronunciamiento, fechado el 2 de septiembre de 2026, advierte explícitamente que dicha medida legislativa amenaza la institucionalidad democrática del país vecino y deteriora las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres en esa nación centroamericana.
Denuncia contra "dictadura familiar"
A través del Comunicado Oficial 015-26, el Ejecutivo expresó su "más profunda preocupación y enérgico rechazo" a la iniciativa legislativa nicaragüense. El documento sostiene que esta reforma busca liquidar la institucionalidad democrática vigente, eliminando la posibilidad de elecciones libres y anulando el estado de derecho. La Cancillería peruana atribuye estas acciones directamente al gobierno encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes describe como responsables de una "perpetuación de la dictadura familiar".
El texto oficial señala que esta nueva transgresión constituye un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal nicaragüense. Asimismo, se afirma que viola flagrantemente la Carta Democrática Interamericana y los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos por el régimen actual. El Ejecutivo peruano reafirma su compromiso con la defensa de la democracia y expresa respaldo al pueblo nicaragüense, así como a presos políticos, exiliados y perseguidos que reclaman elecciones libres, según informamos en Nicaragua: Renacer alerta sobre renuncia del régimen Ortega-Murillo a la democra.
Llamado urgente a organismos internacionales
Ante esta situación, el Gobierno peruano ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional. Específicamente, solicita a los organismos de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que activen los mecanismos disponibles para evitar que se consolide una dictadura en Nicaragua. La Cancillería acusó al "aparato represor" del régimen Ortega-Murillo de criminalizar sistemáticamente a la oposición democrática, reafirmando que no existen condiciones mínimas para elecciones libres, justas y competitivas en el país vecino.
