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Gobierno declara Estado de Emergencia por 60 días en Lima y Callao
El Ejecutivo oficializa la medida para combatir la criminalidad; aclara que no habrá toque de queda.
El Poder Ejecutivo ha oficializado el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, mediante el cual se declara el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao durante un plazo de sesenta días. Esta medida busca enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia que afectan a estas zonas geográficas específicas.
Medidas restrictivas y participación institucional
El decreto contempla la suspensión o limitación temporal de ciertos derechos constitucionales, tales como el domicilio inviolable, la libertad de tránsito dentro del país, la libertad de reunión y la seguridad personal. Para realizar actividades religiosas, culturales y deportivas de carácter masivo o público, se requerirá un permiso especial ante las autoridades competentes.
«No se ha previsto un toque de queda, permitiendo la libre circulación de los ciudadanos en cualquier horario», señaló el Gobierno al aclarar esta duda ciudadana.
Sin embargo, si un agente de la Policía Nacional (PNP) interviene durante estas operaciones, será necesario presentar la documentación solicitada. En las acciones de seguridad participarán activamente la PNP, las Fuerzas Armadas y los Serenazgos, bajo el liderazgo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).
Operativos contra el narcotráfico y control penitenciario
El Ejecutivo ha tomado decisiones específicas sobre el control en las cárceles y la seguridad digital. Entre estas acciones se incluye un apagón eléctrico en las celdas del Instituto Penitenciario (INPE), el desmontaje de antenas digitales y pruebas de polígrafo al personal del INPE, según informamos en Gobierno declara Estado de Emergencia por 60 días en Lima y Callao.
Además, se prohíbe el uso de celulares personales por parte de fuerzas del orden —tanto policías como militares— durante los operativos. Estas medidas se complementan con operaciones en las calles contra la trata de personas, el tráfico de drogas, el mercado ilegal de armas y la venta no autorizada de chips telefónicos.
