El Gobierno del Perú ha declarado oficialmente el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un plazo de 60 días calendario. Esta medida, destinada a enfrentar los altos índices de criminalidad organizada y otras situaciones de violencia, fue oficializada mediante un Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano. La resolución dispone una serie de medidas excepcionales que implican la restricción o suspensión de derechos constitucionales fundamentales.
Restricciones legales y mando operativo
El estado de emergencia establece, entre otras disposiciones, la limitación de los derechos relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, así como la libertad de reunión y la seguridad personal. Para centralizar las decisiones estratégicas, el Ejecutivo dispuso la constitución inmediata —dentro de las primeras 24 horas— del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCOU). Este organismo estará presidido por el comandante general de la Policía Nacional e integrado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el secretario técnico del Conasec y representantes de diversos ministerios, tal como señaló Clave Nacional.
Control territorial y medidas penitenciarias
Bajo este marco legal, se autoriza a la Policía Nacional a mantener el control del orden interno con apoyo directo de las Fuerzas Armadas. El plan operacional incluye patrullajes disuasivos constantes en zonas críticas como paraderos, estaciones de transporte público y mercados. En el ámbito penitenciario, se decretó un apagón eléctrico en celdas —manteniendo solo la iluminación exterior—, el desmontaje de antenas ilegales y operativos permanentes contra la comercialización ilegal de dispositivos móviles, según informamos en Gobierno extiende estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días.
Logística e inteligencia
Para reforzar las capacidades logísticas, se determinó el empleo de imágenes satelitales facilitadas por la Agencia Espacial del Perú (Conida) para monitorear áreas con alta incidencia delictiva. Asimismo, se conformará un Comité de Fiscalización presidido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DINI), encargado de ejecutar operativos contra la trata de personas y el mercado ilegal de armas.
