El Gobierno del Perú ha declarado oficialmente el estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario en cinco establecimientos penitenciarios clasificados como de alta peligrosidad. Esta medida, orientada a reforzar la seguridad y el control penitenciario, busca prevenir y combatir delitos complejos que operan desde las cárceles, tales como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito de estupefacientes.
Alcance territorial y normativa legal
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM. La declaratoria alcanza a los centros penitenciarios Challapalca, ubicado en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, ambos en Lima; así como Trujillo Varones, localizado en la región de La Libertad.
La norma establece que el estado de emergencia comprende no solo los recintos carcelarios, sino también su perímetro exterior hasta un radio de 200 metros. Durante este periodo de vigencia, se suspenden constitucionalmente ciertos derechos fundamentales dentro de las zonas señaladas por la ley, específicamente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
Sustento de la decisión
El Ejecutivo sustenta esta medida en la necesidad imperiosa de hacer frente a organizaciones criminales que operan desde el interior de las cárceles. La estrategia del Gobierno se centra en fortalecer las acciones de vigilancia y control en los alrededores de estos centros penitenciarios, con el objetivo expreso de erradicar la impunidad del crimen organizado, tema que ya cubrimos en Gobierno declara Estado de Emergencia por 60 días en Lima y Callao.
Las autoridades correspondientes deberán ejecutar todas las acciones de control necesarias durante el periodo establecido por la norma. Esta intervención representa una respuesta directa a la problemática de seguridad ciudadana vinculada a la gestión y operación de redes criminales desde los establecimientos penitenciarios de mayor riesgo en el territorio nacional.
