Perú acaba de sumar un nuevo capítulo a su turbulenta historia política reciente. El Congreso destituyó al presidente interino José Jerí, convirtiéndolo en el séptimo jefe de Estado que ocupa el sillón presidencial desde 2016. Una rotación sin precedentes en América Latina que, paradójicamente, no ha logrado descarrilar los fundamentos macroeconómicos del país.
La pregunta que se hacen inversionistas, analistas y organismos multilaterales es la misma: ¿cómo es posible que una nación con semejante volatilidad en su cúpula de poder mantenga indicadores económicos que muchos de sus vecinos envidian?
Una década de puertas giratorias en Palacio de Gobierno
La crisis institucional peruana tiene raíces profundas. Desde que Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia en 2016, el país andino ha transitado por una sucesión de mandatarios que incluye renuncias, destituciones, intentos de autogolpe y vacancias presidenciales que han convertido la política peruana en un caso de estudio sobre ingobernabilidad.
Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y ahora José Jerí conforman una lista que refleja la fractura entre el poder legislativo y el ejecutivo. El Congreso peruano ha utilizado la figura de la vacancia presidencial como un mecanismo casi rutinario, erosionando la estabilidad institucional que cualquier economía emergente necesita para atraer inversión de largo plazo.
La destitución de Jerí representa un nuevo escalón en esta espiral. El mandatario interino apenas alcanzó a ocupar el cargo antes de que la maquinaria parlamentaria activara los mecanismos para su remoción, evidenciando que el problema no radica en las personas sino en un sistema político estructuralmente disfuncional.
La paradoja económica: fundamentos sólidos en terreno inestable
Lo que desconcierta a los observadores internacionales es la resiliencia de la economía peruana frente a este panorama. Perú ha mantenido niveles de inflación controlados, una deuda pública moderada en comparación con el promedio regional y reservas internacionales robustas que actúan como colchón ante los vaivenes políticos.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha sido señalado como uno de los pilares de esta estabilidad. Su autonomía institucional, respetada incluso en los momentos más críticos de la crisis política, ha permitido una gestión monetaria prudente que mantiene la confianza de los mercados financieros.
La economía peruana sigue beneficiándose de su posición como uno de los principales productores mundiales de cobre, oro y zinc. El superciclo de materias primas, impulsado por la transición energética global y la demanda china, ha generado ingresos por exportaciones que sostienen las cuentas externas del país.
La institucionalidad económica peruana ha demostrado ser más fuerte que su institucionalidad política, un fenómeno poco común en la región que permite al país mantener el grado de inversión pese a la turbulencia en Palacio de Gobierno.
El costo oculto del caos político
Sin embargo, sería un error asumir que la inestabilidad política no tiene consecuencias económicas. Las cifras macro pueden lucir saludables, pero debajo de la superficie se acumulan costos significativos que amenazan el crecimiento de mediano y largo plazo.
La inversión privada, tanto nacional como extranjera, se resiente cuando no existe previsibilidad en las políticas públicas. Proyectos mineros de gran envergadura permanecen estancados por la falta de decisiones gubernamentales consistentes. La infraestructura pública avanza a paso lento cuando cada nuevo mandatario reorganiza prioridades y equipos técnicos.
El crecimiento potencial de Perú, que en la primera década del siglo XXI superaba el 6% anual, se ha moderado significativamente. Los analistas estiman que el país crece por debajo de su capacidad real, un fenómeno directamente vinculado a la parálisis que genera la rotación constante en el poder ejecutivo.
¿Qué sigue para Perú y sus mercados?
El escenario que se abre tras la salida de Jerí plantea más interrogantes que certezas. La sucesión presidencial, regulada por la Constitución, activará nuevamente los mecanismos de transición que el país ya conoce de memoria, pero que no por ello resultan menos disruptivos.
Para los mercados financieros, la clave está en monitorear dos variables fundamentales: la autonomía del BCRP y la estabilidad del marco fiscal. Mientras estas dos anclas se mantengan firmes, es probable que Perú conserve su atractivo para inversionistas que buscan rendimientos en mercados emergentes.
No obstante, la paciencia de los mercados tiene límites. Cada nueva crisis política erosiona marginalmente la confianza institucional, y existe un punto de quiebre a partir del cual la resiliencia económica podría ceder ante la acumulación de incertidumbre.
Perú enfrenta una encrucijada histórica: su economía ha demostrado una fortaleza notable, pero necesita urgentemente que su clase política construya la estabilidad institucional que permita traducir esa fortaleza macroeconómica en desarrollo sostenible y bienestar para sus más de 33 millones de habitantes.
