El Gobierno ha aprobado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, una iniciativa que representa una oportunidad significativa para dinamizar el clima de negocios y reducir los sobrecostos operativos que enfrentan las empresas peruanas debido a la inseguridad.
El presidente José María Balcázar fue enfático al anunciar esta medida:
No se puede negociar con delincuentes, dejando en claro que el Estado adoptará una posición firme contra la criminalidad que afecta tanto a ciudadanos como al sector empresarial.
Impacto en el sector empresarial
La inseguridad ciudadana ha representado uno de los principales obstáculos para el desarrollo empresarial en el país. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima, las empresas destinan entre 3% y 5% de sus ingresos anuales a medidas de seguridad privada, un costo que directamente impacta su competitividad.
El nuevo plan contempla el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que podría traducirse en una reducción gradual de estos gastos para las empresas, permitiéndoles redirigir recursos hacia inversión productiva, innovación y expansión de operaciones.
Foco en Lima y Callao: centros económicos clave
La estrategia pone especial énfasis en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, regiones que concentran aproximadamente el 50% del Producto Bruto Interno nacional y albergan los principales centros financieros y comerciales del país.
Para el sector logístico, particularmente relevante en el Callao por la presencia del puerto más importante del país, la mejora en las condiciones de seguridad podría incrementar significativamente la eficiencia operativa y reducir los tiempos de tránsito de mercancías.
Oportunidades para el sector tecnológico
El fortalecimiento del aparato de seguridad estatal abre oportunidades importantes para empresas del sector tecnológico y de telecomunicaciones. La implementación de sistemas de videovigilancia inteligente, plataformas de análisis de datos criminales y soluciones de comunicación para fuerzas policiales representa un mercado en expansión.
Las empresas de seguridad privada también podrían verse beneficiadas a través de alianzas público-privadas para la implementación de tecnologías complementarias al trabajo policial.
Impacto en el turismo y comercio
El sector turismo, uno de los más sensibles a temas de seguridad, podría experimentar un repunte significativo si el plan logra reducir efectivamente los índices delictivos. Lima recibe anualmente más de 2 millones de turistas internacionales, y la percepción de seguridad es un factor determinante en la decisión de visita.
Para el comercio, especialmente el sector retail, la reducción de la delincuencia común podría significar menores pérdidas por robos y una mayor afluencia de clientes, particularmente en horarios nocturnos y zonas anteriormente consideradas de riesgo.
Desafíos de implementación
La efectividad del plan dependerá de la asignación presupuestal adecuada y la coordinación entre diferentes niveles de gobierno. La experiencia internacional sugiere que los planes de seguridad más exitosos son aquellos que combinan represión efectiva con programas de prevención social.
El sector privado tendrá un rol clave como socio estratégico en la implementación, no solo a través del pago de impuestos que financien estas iniciativas, sino también mediante la generación de empleo formal que contribuya a reducir las causas estructurales de la criminalidad.
Perspectivas económicas
Si el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 cumple sus objetivos, podríamos observar un incremento en la inversión privada, tanto nacional como extranjera, especialmente en sectores como retail, turismo, logística y servicios financieros.
La reducción de la inseguridad también podría contribuir a la formalización de la economía, ya que muchos emprendedores y pequeñas empresas operan en la informalidad parcialmente debido a la extorsión y otros delitos que afectan su capacidad operativa normal.
El éxito de esta iniciativa gubernamental representará un catalizador importante para el crecimiento económico sostenido y la mejora del clima de inversiones en el Perú.
