El pleno del Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí como presidente del Parlamento y, en consecuencia, como presidente de la República del Perú. Este martes 18 de febrero se elegiría a un nuevo titular de la Mesa Directiva, quien automáticamente asumiría la jefatura del Estado, convirtiéndose en el octavo mandatario que ocupa Palacio de Gobierno en apenas diez años.
La rotación presidencial peruana ha dejado de ser una excepción para convertirse en una constante estructural. Desde 2016, el país ha transitado por los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y el propio Jerí, cada uno con duraciones cada vez más cortas y crisis institucionales cada vez más profundas.
Un récord que ahuyenta la inversión
Para el sector empresarial peruano, la sucesión de mandatarios no es solo un dato político: es un factor de riesgo que impacta directamente en las decisiones de inversión. Cada cambio de gobierno implica reestructuración de gabinetes, modificación de prioridades sectoriales y, sobre todo, parálisis administrativa en ministerios clave como Economía, Energía y Minas, y Transportes.
Los gremios empresariales han señalado en reiteradas oportunidades que la inestabilidad política es el principal freno al crecimiento económico del Perú. Según la Cámara de Comercio de Lima, la inversión privada ha mostrado un comportamiento errático en los últimos años, afectada por la falta de previsibilidad en las reglas de juego.
El Banco Central de Reserva del Perú ya había advertido que la incertidumbre política resta puntos al crecimiento del PBI. En un contexto donde la economía peruana necesita tasas de crecimiento superiores al 4% para reducir significativamente la pobreza, cada crisis política representa un costo de oportunidad enorme para el país.
¿Qué esperan los empresarios del nuevo gobierno?
La comunidad empresarial peruana ha sido clara en sus demandas. Más allá de nombres y partidos, el sector privado pide tres cosas fundamentales: continuidad en la política económica, respeto a los contratos y destrabe de proyectos de inversión que llevan años paralizados.
Los grandes proyectos mineros, que representan una porción significativa de las exportaciones peruanas, requieren horizontes de planificación que exceden con creces la duración promedio de los últimos gobiernos. Empresas del sector han manifestado que resulta prácticamente imposible negociar permisos y licencias cuando los interlocutores gubernamentales cambian cada pocos meses.
El sector construcción e infraestructura enfrenta desafíos similares. Obras públicas de gran envergadura quedan en suspenso con cada transición, lo que encarece los proyectos y desincentiva la participación de empresas en licitaciones estatales. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional ha insistido en la necesidad de mecanismos institucionales que blinden la continuidad de los proyectos independientemente de quién ocupe la presidencia.
El impacto en los mercados y la confianza
La Bolsa de Valores de Lima y el tipo de cambio del sol peruano son termómetros sensibles a la volatilidad política. Si bien los mercados han desarrollado cierta resiliencia ante las crisis institucionales recurrentes, cada episodio de inestabilidad genera nerviosismo entre los inversionistas, tanto locales como extranjeros.
Las agencias calificadoras de riesgo han mantenido al Perú en niveles de grado de inversión, pero han señalado repetidamente que la gobernabilidad es un factor que podría deteriorar la calificación crediticia si la situación no se estabiliza. Una eventual rebaja tendría consecuencias directas en el costo de financiamiento del Estado y del sector privado.
La estabilidad política no es un lujo, es una condición básica para que la economía funcione. El Perú tiene fundamentos macroeconómicos sólidos, pero la rotación permanente de gobiernos erosiona la confianza que tanto cuesta construir.
El desafío estructural de la gobernabilidad
Más allá de quién resulte elegido como nuevo presidente del Congreso —y por extensión del país—, el problema de fondo radica en un diseño institucional que ha demostrado ser altamente vulnerable a las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo. La vacancia presidencial, la censura y la cuestión de confianza se han convertido en herramientas de confrontación política antes que en mecanismos de control democrático.
Analistas políticos y económicos coinciden en que el Perú necesita reformas constitucionales que fortalezcan la estabilidad del Ejecutivo sin sacrificar los contrapesos democráticos. Sin embargo, en un Congreso fragmentado y con agendas cortoplacistas, la posibilidad de una reforma profunda parece lejana.
Mientras tanto, el sector empresarial sigue operando en un entorno de máxima incertidumbre, apostando por la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos peruanos —baja inflación, reservas internacionales robustas y disciplina fiscal— como ancla frente a la tormenta política permanente.
El octavo presidente en diez años asumirá un país con enormes potencialidades económicas pero con una institucionalidad debilitada. Lo que haga o deje de hacer en los próximos meses determinará no solo el rumbo político, sino también la capacidad del Perú para aprovechar un contexto internacional de precios de commodities que sigue siendo favorable para las economías exportadoras de materias primas.
