El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, afirmó que su bancada parlamentaria respaldará la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo únicamente en aquellos temas que resulten estrictamente urgentes. Esta declaración busca evitar que la administración gubernamental utilice este trámite como una justificación para postergar acciones contra la delincuencia y garantizar el gobierno efectivo.
Crítica al discurso oficialista sobre seguridad
Durante un encuentro con militantes de su agrupación, Nieto cuestionó directamente que el Poder Ejecutivo condicione las labores de seguridad ciudadana a la aprobación de decretos legislativos. El dirigente político señaló: "Y desde el Congreso... le vamos a conceder todo lo que sea urgente para que no tengan más excusas y gobiernen". Considera que el único reclamo real del oficialismo es la falta de voluntad política, afirmando que "lo único que están reclamando es que no gobiernan".
Detalles técnicos del pedido legislativo
El Parlamento bicameral analizará técnicamente los requerimientos remitidos por la presidenta Keiko Fujimori. El paquete de solicitud incluye un plazo de 120 días calendario para emitir decretos en 66 materias específicas, que abarcan seguridad ciudadana, reactivación económica y prevención ante el fenómeno del Niño. Las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados continúan remitiendo sus informes técnicos a la Comisión de Constitución para elaborar el dictamen final, según informamos en Galarreta defiende delegación legislativa para reforzar respuesta ante emergenci.
Fiscalización estricta al gabinete ministerial
Nieto enfatizó que las facultades administrativas existentes permiten ejecutar medidas inmediatas sin esperar una delegación del Parlamento. Sin embargo, advirtió que su agrupación mantendrá una fiscalización estricta sobre los decretos emitidos por el gabinete ministerial. La postura oficial de la bancada se definirá formalmente durante las sesiones de debate en el Pleno del Congreso, donde se determinará qué materias recibirán la autorización legislativa correspondiente.
