El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, confirmó que su bancada parlamentaria respaldará la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en aquellos temas estrictamente urgentes. Esta declaración se produce mientras el Congreso evalúa el paquete solicitado por la presidenta Keiko Fujimori, el cual abarca 66 materias específicas durante un plazo de 120 días calendario. La autoridad partidaria sostuvo que esta decisión busca evitar que la administración gubernamental utilice este trámite como una justificación para postergar acciones concretas contra la delincuencia.
Crítica al discurso oficialista sobre seguridad
Durante un encuentro con los militantes de su agrupación, Nieto cuestionó públicamente que el Poder Ejecutivo condicione las labores de seguridad ciudadana a la aprobación previa de decretos legislativos. El dirigente político señaló una contradicción en el mensaje del Gobierno: "Se nos dijo 'voy a gobernar y darle seguridad a los peruanos desde el primer minuto'. Y ahora se nos dice... siempre que me entregue facultades legislativas". Para Nieto, este cambio de discurso evidencia que las autoridades buscan excusas porque no saben cómo actuar.
Análisis técnico del Parlamento
No obstante, el portavoz precisó que la bancada procederá con un análisis técnico riguroso sobre los requerimientos remitidos por Keiko Fujimori. El pedido incluye reformas en seguridad ciudadana, reactivación económica y prevención ante el fenómeno de El Niño. Las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados continúan remitiendo sus informes técnicos a la Comisión de Constitución para elaborar el dictamen final. La definición sobre qué materias recibirán autorización legislativa se realizará en los próximos días, más contexto en Gobierno presentará pedido de facultades legislativas antes del 31 de agosto.
Compromiso con las demandas ciudadanas
Nieto enfatizó que su bancada otorgará las herramientas legales indispensables para atender las demandas ciudadanas sin dilaciones innecesarias. Aclaró que muchas tareas pueden ejecutarse mediante decretos de urgencia o incluso a través de facultades administrativas del Estado, sin necesidad de esperar la delegación parlamentaria. La postura final se definirá formalmente durante las sesiones de debate en el Pleno del Congreso.
