La Compañía Minera Caravelí ha emitido una alerta urgente tras denunciar un asedio violento iniciado el pasado 14 de junio por parte de más de 200 integrantes de la comunidad campesina Estrella de Oro. Juan Carlos Zea, gerente de Recursos Humanos de la empresa, informó que los comuneros han bloqueado las operaciones en la provincia de Pataz, región La Libertad, con el objetivo declarado de tomar el control de áreas de concesión para realizar actividades mineras propias. Esta situación ha derivado en un estado de indefensión y amenaza directa contra la integridad física del personal vinculado a la compañía.
Ambiente de tensión y riesgo operativo
Según lo detallado por el ejecutivo durante una comunicación con RPP, los manifestantes han cercado el campamento minero cercano al distrito de Huailillas. La tensión se ha intensificado debido a la supuesta intención de capturar al gerente de operaciones, quien permanece dentro de la unidad de producción bajo coacción. Zea advirtió que existe un riesgo inminente de agresión física y calificó el escenario como una emergencia extrema, señalando que todo el personal queda secuestrado en las instalaciones debido a la prohibición estricta de ingreso o salida.
El conflicto tiene su origen en la pretensión liderada por el presidente de la comunidad, Majín Sánchez, de explotar los recursos directamente. Para ejecutar este bloqueo, se reporta que los comuneros utilizan camionetas 4x4 a gran velocidad para impedir cualquier actividad empresarial y obligar a directivos a firmar documentos bajo presión, información confirmada por Foco Perú.
Vulnerabilidad institucional y impacto ambiental
Una de las dificultades principales reportadas por la minera radica en su ubicación geográfica, pegada al distrito de Tayabamba. A diferencia de otras áreas de Pataz como Chugay o Parcoy, donde opera un Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debido a una declaratoria de estado de emergencia, el sector de Caravelí depende exclusivamente de la policía regional. Hasta la fecha, esta fuerza no ha intervenido pese a los alertas sobre el riesgo inminente.
Además del impacto en la producción y la seguridad laboral, Zea señaló que las operaciones ambientales también se ven afectadas. Los manifestantes impiden el funcionamiento de las bombas encargadas de proteger la calidad del agua, una situación ya reportada ante la fiscalía ambiental. La compañía ha presentado pedidos de auxilio presenciales ante la Policía en Trujillo y documentos formales, pero asegura no haber recibido apoyo ni registro formal de sus denuncias hasta el momento, más detalles en Militares resultan heridos en enfrentamiento contra minería ilegal en Sucumbíos.
