El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, emitió un análisis crítico sobre la implementación del subsidio focalizado para el diésel anunciado por la presidenta Keiko Fujimori. Durante una entrevista con RPP TV, el economista cuestionó la viabilidad técnica de la medida, señalando dudas sobre la capacidad institucional para identificar a los beneficiarios reales en sectores caracterizados por la informalidad y advirtiendo sobre las implicancias fiscales del programa.
La complejidad de la focalización
Castilla subrayó que el éxito de cualquier subsidio depende intrínsecamente de su correcta focalización. Sin embargo, expresó escepticismo respecto a la existencia de un padrón confiable en Perú. "Creo que todo subsidio debe ser focalizado... ahí es donde vienen mis dudas, cómo va a ser ese padrón", afirmó, destacando que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tendría que identificar con precisión a los receptores.
El exministro remarcó las dificultades específicas para incluir en este beneficio a sectores como mototaxis, peque-peques y transporte masivo. "Yo no sé si tenemos un padrón de mototaxis... Hay de todo, hay formal, informal", indicó Castilla, planteando que la heterogeneidad del sector dificulta una aplicación técnica rigurosa del subsidio.
Riesgo político y costo fiscal
Una de las advertencias centrales del exministro fue el riesgo inherente a retirar un beneficio una vez establecido. "Es muy fácil dar subsidios, es muy difícil retirarlos", sostuvo Castilla, explicando que la tendencia histórica muestra que los plazos temporales suelen extenderse debido a protestas sociales y presiones políticas, corriendo el riesgo de volverse permanentes, tema que ya cubrimos en Transporte interprovincial exige transparencia al nuevo subsidio diésel.
En cuanto al impacto económico, se estimó un costo fiscal aproximado de 75 millones de soles para dos meses, ascendiendo la cifra a unos 120 millones de soles durante los tres meses completos del programa. Castilla alertó sobre las limitaciones en contextos de alta volatilidad internacional, señalando que si el precio del combustible se dispara, el subsidio requeriría ajustes adicionales para cubrir el diferencial, lo que podría exceder la capacidad fiscal actual.
