El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley dentro del pedido de delegación de facultades que busca modificar el Decreto Legislativo 1280, Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento. La iniciativa propone la creación de un Esquema Integral de Subsidios Cruzados Focalizados con alcance nacional para los servicios de agua potable y saneamiento. El objetivo es ampliar el beneficio actual aplicado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) para que financie no solo las tarifas mensuales, sino también nuevas conexiones a redes de hogares en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.
Financiamiento entre regiones
Actualmente, la normativa peruana contempla el subsidio cruzado dentro de cada Empresa Prestadora de Servicios (EPS), pero enfrenta limitaciones en zonas donde predomina la población pobre debido a la falta de consumidores con mayores ingresos. La nueva propuesta busca que este mecanismo funcione entre usuarios de distintas empresas prestadoras y regiones. Bajo esta lógica, los usuarios con mayor capacidad económica asumirían un recargo en sus recibos, el cual sería canalizado al Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS) nacional para financiar parte del costo correspondiente a los hogares más vulnerables.
Costo de las conexiones
Otro cambio central es que el esquema no se limite al subsidio mensual. La propuesta también cubriría total o parcialmente el costo inicial de conexión, estimado en S/1.500 para agua y hasta S/2.500 para alcantarillado, sumando un total de S/4.000. Según la exposición de motivos del proyecto, este monto representa una barrera significativa equivalente a ocho veces los ingresos mensuales de las familias en pobreza, desincentivando el acceso formal, como publicó este diario en Transporte interprovincial exige transparencia al nuevo subsidio diésel.
Reacción de la Sunass
El presidente de la Sunass, Mauro Gutiérrez, explicó que la entidad aplica subsidios cruzados desde hace 10 años dentro de su regulación tarifaria. Sin embargo, señaló que la superintendencia no participó en el diseño de esta nueva propuesta del Gobierno y consideró importante mantener el esquema bajo las competencias del regulador por ser un tema técnico que afecta directamente a las tarifas.
