Un reciente reportaje periodístico ha puesto en evidencia la existencia de memorandos internos que documentan la intervención directa del expresidente de Petroperú, Roger Arévalo Ramírez, en la contratación de dos allegados: Jorge Mendoza Meléndez y Víctor Hugo Jaimes Alvarado. Estas gestiones, realizadas en un contexto de severa crisis financiera para la estatal petrolera, omitieron los procedimientos reglamentarios de selección de personal, generando serias interrogantes sobre la gobernanza corporativa y el manejo de recursos públicos en la entidad.
Evidencia documental y omisión de protocolos
Los documentos expuestos en el informe detallan una insistente presión por parte de la alta dirección para la incorporación inmediata de los mencionados funcionarios. La narrativa de los hechos sugiere que la autoridad ejecutiva buscó eludir los filtros de meritocracia y los concursos públicos obligatorios, estableciendo canales directos para la asignación de cargos. Esta práctica, si se confirma, representa una desviación de los estándares de transparencia exigidos a las empresas del Estado, especialmente en momentos donde la eficiencia operativa es crítica para la sostenibilidad del negocio.
Implicaciones en la estabilidad financiera de la estatal
La relevancia de este caso radica en el momento preciso en que ocurrieron las gestiones: plena crisis financiera de Petroperú. En un escenario de restricción presupuestal y necesidad de optimización de costos, la contratación de personal sin seguir los canales establecidos implica un riesgo adicional de ineficiencia en la asignación de recursos. Para el mercado y los analistas económicos, este tipo de situaciones erosionan la confianza en la gestión de la empresa y pueden tener repercusiones en la evaluación de riesgos por parte de inversores y entidades de crédito internacionales.
La denuncia abre un precedente sobre la necesidad de auditar las estructuras de contratación en empresas estratégicas del Estado peruano. La falta de adherencia a los procesos regulares no solo compromete la integridad del servicio público, sino que también cuestiona la capacidad de la gerencia para administrar la empresa bajo principios de responsabilidad fiscal y meritocracia, pilares fundamentales para la recuperación de la salud financiera de Petroperú, como informó Foco Perú.
