Un juicio político relámpago que sacude al Perú
A cuatro meses y una semana de haber asumido la presidencia de Perú, José Jerí fue destituido por el Congreso tras un juicio político relámpago en el que se acumularon y votaron en conjunto siete mociones de vacancia. La decisión legislativa marca un nuevo capítulo en la crónica de inestabilidad institucional que ha caracterizado al país andino en los últimos años.
La destitución se produce en un contexto particularmente delicado: Perú celebró elecciones generales en abril pasado y el panorama político sigue fragmentado. La rotación constante en la jefatura del Estado no solo erosiona la gobernabilidad, sino que plantea serias interrogantes sobre la capacidad del país para sostener políticas económicas coherentes a mediano y largo plazo.
La paradoja económica peruana: crecimiento sin estabilidad política
Pese a la turbulencia política recurrente, la economía peruana ha mostrado una capacidad notable para mantenerse a flote. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha sido reconocido internacionalmente por su manejo técnico y su independencia institucional, factores que han funcionado como ancla de estabilidad macroeconómica incluso en medio de crisis de gobierno.
Sin embargo, los analistas advierten que esta resiliencia tiene límites. La inversión privada, tanto nacional como extranjera, requiere previsibilidad regulatoria y señales claras de gobernanza. Cada cambio de gobierno genera incertidumbre sobre la continuidad de proyectos de infraestructura, concesiones mineras y reformas fiscales en curso.
El sector minero, que representa una porción significativa de las exportaciones peruanas y de los ingresos fiscales, es particularmente sensible a estos vaivenes. Las empresas del sector necesitan horizontes de planificación de décadas, no de meses. Cada nueva administración trae consigo la posibilidad de renegociaciones, cambios en las condiciones tributarias o paralizaciones de permisos ambientales.
El costo acumulado de la inestabilidad institucional
Perú ha tenido múltiples presidentes en un período relativamente corto, una situación que no tiene paralelo en las principales economías de la región. Este fenómeno tiene costos económicos concretos que se manifiestan de diversas maneras.
En primer lugar, la prima de riesgo país tiende a elevarse con cada episodio de crisis política. Esto encarece el financiamiento tanto para el Estado como para el sector privado peruano en los mercados internacionales. En segundo lugar, la ejecución del presupuesto público se resiente: los cambios de gabinete y de funcionarios de confianza en los ministerios generan cuellos de botella en la gestión de proyectos de inversión pública.
Además, el consumo interno se ve afectado por la incertidumbre. Los hogares peruanos, ante señales de inestabilidad, tienden a postergar decisiones de gasto importante, lo que impacta en sectores como el inmobiliario, automotriz y comercio en general.
Las elecciones de abril y el horizonte fragmentado
Las elecciones generales celebradas en abril añaden otra capa de complejidad al panorama. La fragmentación del sistema de partidos peruano dificulta la conformación de mayorías parlamentarias estables, lo que a su vez alimenta el ciclo de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Para los mercados financieros y la comunidad empresarial, la pregunta clave no es solo quién asumirá el poder tras la destitución de Jerí, sino si el nuevo mandatario tendrá la capacidad política de gobernar efectivamente y de impulsar las reformas que el país necesita para sostener su crecimiento.
La fortaleza institucional del Banco Central y del Ministerio de Economía ha sido el principal escudo de la economía peruana frente a la volatilidad política, pero ninguna institución técnica puede sustituir indefinidamente la falta de liderazgo político estable.
¿Qué viene para la economía peruana?
Los organismos multilaterales han mantenido proyecciones moderadamente optimistas para la economía peruana, sustentadas en los fundamentos macroeconómicos del país: niveles de deuda pública relativamente bajos, reservas internacionales sólidas y un marco de política monetaria creíble.
No obstante, el potencial de crecimiento de Perú sigue sin realizarse plenamente. El país tiene una brecha significativa en infraestructura, necesita reformas en educación y salud, y enfrenta desafíos de formalización laboral que requieren consensos políticos sostenidos. Cada crisis de gobierno aleja la posibilidad de abordar estas agendas estructurales.
El sector empresarial peruano, acostumbrado a operar en entornos de incertidumbre, probablemente mantendrá una postura cautelosa en sus planes de inversión. Las grandes decisiones de capital quedarán en pausa hasta que se clarifique el panorama político. Mientras tanto, la economía seguirá dependiendo de los precios internacionales de los metales y de la inercia de un sector privado que ha aprendido a navegar en aguas turbulentas.
La destitución de José Jerí es, en definitiva, un recordatorio de que la estabilidad política no es un lujo sino un insumo económico fundamental. Sin ella, incluso las economías con buenos fundamentos macroeconómicos terminan operando muy por debajo de su potencial.
