El candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, presentó una propuesta radical para combatir la inseguridad ciudadana que incluye la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas en el sistema penitenciario nacional desde el primer día de su eventual gobierno.
La medida forma parte de un plan integral de seguridad que busca atacar las causas estructurales de la criminalidad en el país, donde las cárceles se han convertido en centros de operaciones de organizaciones delictivas que coordinan actividades ilegales desde el interior de los penales.
Intervención militar en sistema penitenciario
Según la propuesta de Forsyth, las Fuerzas Armadas asumirían el control operativo de los centros penitenciarios para cortar las comunicaciones entre reclusos y bandas criminales externas. Esta medida respondería a la crisis del sistema penitenciario peruano, donde el hacinamiento supera el 140% y la presencia de celulares, armas y drogas es recurrente.
La intervención militar buscaría establecer un nuevo protocolo de seguridad que impida que los líderes criminales continúen dirigiendo sus organizaciones desde prisión, un fenómeno que ha contribuido significativamente al incremento de la violencia urbana en las principales ciudades del país.
"Necesitamos cortar de raíz la operatividad criminal que se genera desde las cárceles. Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad logística y disciplinaria para restablecer el orden en el sistema penitenciario", señala la propuesta electoral.
Creación de Policía Municipal
Además de la intervención en cárceles, Forsyth propone la creación de una Policía Municipal que trabajaría de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta nueva fuerza de seguridad tendría jurisdicción local y estaría especializada en la prevención de delitos menores y el patrullaje de proximidad.
La Policía Municipal representaría un cambio en el modelo de seguridad ciudadana, descentralizando las funciones policiales y permitiendo que cada municipio adapte sus estrategias de seguridad a las necesidades específicas de su territorio.
Esta propuesta se alinea con experiencias internacionales exitosas en países como Colombia y Chile, donde las policías municipales han demostrado efectividad en la reducción de índices delictivos a nivel local.
Depuración institucional de la PNP
El plan de seguridad también contempla un proceso de depuración institucional dentro de la Policía Nacional del Perú, enfocado en identificar y separar del servicio a efectivos involucrados en actos de corrupción o colusión con organizaciones criminales.
Esta medida busca restaurar la confianza ciudadana en la institución policial y mejorar la efectividad de las operaciones contra el crimen organizado. La depuración incluiría la implementación de nuevos protocolos de evaluación y control interno.
El proceso se realizaría mediante auditorías especializadas y la aplicación de pruebas de confianza periódicas, similar a los procedimientos utilizados en otras reformas policiales exitosas en la región.
Impacto económico y social
Las medidas propuestas por Forsyth tendrían un impacto directo en la actividad económica nacional, especialmente en sectores como el comercio, turismo y construcción, que se ven afectados por los altos índices de inseguridad.
La reducción de la criminalidad podría generar un efecto positivo en la inversión privada y el clima de negocios, factores cruciales para la reactivación económica post-pandemia. Estudios económicos indican que cada punto porcentual de reducción en la tasa de criminalidad puede incrementar el PBI per cápita entre 0.5% y 1%.
Sin embargo, la implementación de estas reformas requerirá una inversión significativa en infraestructura, equipamiento y recursos humanos, lo que plantea desafíos presupuestales importantes para el eventual gobierno.
Viabilidad y desafíos
La propuesta de Forsyth enfrenta varios desafíos de implementación, incluyendo el marco legal vigente, la disponibilidad de recursos presupuestales y la coordinación interinstitucional entre diferentes organismos del Estado.
La intervención militar en cárceles requeriría modificaciones constitucionales o legales específicas, mientras que la creación de la Policía Municipal necesitaría una ley marco que defina competencias, financiamiento y estructura organizacional.
Expertos en seguridad consideran que, aunque las medidas son necesarias, su éxito dependerá de una implementación gradual y técnica que garantice el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad financiera del sistema.
