Perú ha atravesado una de las crisis políticas más prolongadas y turbulentas de América Latina en la última década. Desde 2016, cuando el enfrentamiento entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el Congreso dominado por Fuerza Popular de Keiko Fujimori encendió la mecha de la inestabilidad, el país ha tenido ocho presidentes en apenas diez años. Sin embargo, la economía peruana ha logrado mantenerse en pie, desafiando pronósticos pesimistas y generando una paradoja que desconcierta a analistas internacionales.
La pregunta que resuena en foros económicos y políticos es inevitable: ¿cómo es posible que un país con semejante volatilidad en su cúpula de poder mantenga indicadores macroeconómicos razonablemente estables? La respuesta se encuentra en una combinación de instituciones económicas sólidas, un banco central independiente y una estructura productiva que opera con relativa autonomía del aparato político.
El pilar del Banco Central de Reserva del Perú
Uno de los factores más destacados por economistas nacionales e internacionales es el papel del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). A diferencia de otros bancos centrales de la región que han sido objeto de presiones políticas o intervención gubernamental, el BCRP ha mantenido una independencia institucional que le ha permitido tomar decisiones técnicas sin subordinarse a los vaivenes del Palacio de Gobierno.
El manejo responsable de la política monetaria ha sido clave para contener la inflación y mantener la estabilidad del sol peruano. Mientras otros países de la región experimentaron episodios de alta inflación o devaluaciones abruptas, Perú logró mantener niveles de inflación relativamente controlados incluso durante los momentos más álgidos de su crisis política.
La credibilidad del BCRP ante los mercados internacionales funciona como un ancla de confianza. Los inversionistas, aunque miran con preocupación la rotación presidencial, encuentran en la solidez del banco central una señal de que las reglas fundamentales del juego económico no cambian con cada nuevo mandatario.
Institucionalidad fiscal y reglas del juego claras
Otro elemento fundamental ha sido la disciplina fiscal que Perú ha sostenido durante décadas. El país cuenta con una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que establece límites al déficit y al endeudamiento público. Esta normativa ha funcionado como un corsé institucional que impide, al menos parcialmente, que los gobiernos de turno adopten políticas fiscales irresponsables.
Los niveles de deuda pública peruana se han mantenido entre los más bajos de América Latina, lo que ha permitido al país conservar su grado de inversión por parte de las principales calificadoras de riesgo. Este estatus es fundamental para atraer capitales extranjeros y financiar proyectos de infraestructura y desarrollo.
La fortaleza económica de Perú no radica en sus presidentes, sino en las instituciones técnicas que operan con independencia del ciclo político. Es una economía que funciona casi en piloto automático en sus fundamentos macroeconómicos.
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas ha logrado mantener equipos técnicos competentes que trascienden los cambios de gobierno. Esta continuidad burocrática en las áreas económicas estratégicas ha sido vital para que las políticas públicas en materia fiscal no sufran giros drásticos.
El motor minero y la diversificación productiva
Perú es uno de los principales productores mundiales de cobre, oro, zinc y plata. El sector minero representa una porción significativa de las exportaciones y de los ingresos fiscales del país. La demanda global de minerales, impulsada por la transición energética y la electromovilidad, ha beneficiado directamente a la economía peruana.
Las grandes empresas mineras que operan en el país funcionan con contratos de largo plazo y marcos regulatorios que, si bien han sido cuestionados en algunos aspectos, ofrecen certidumbre jurídica suficiente para mantener la inversión. Los proyectos mineros tienen horizontes de décadas, por lo que la rotación presidencial, aunque genera incertidumbre, no altera los fundamentos de estas operaciones.
Además, sectores como la agroindustria de exportación han experimentado un crecimiento notable. Productos como arándanos, paltas y uvas peruanas han conquistado mercados internacionales, diversificando la base exportadora del país y reduciendo la dependencia exclusiva de la minería.
Los costos ocultos de la inestabilidad
Sin embargo, sería un error interpretar esta resiliencia como una señal de que la crisis política no tiene consecuencias económicas. Los expertos advierten que el costo se manifiesta en dimensiones menos visibles pero igualmente importantes: la inversión pública ha perdido eficiencia, los grandes proyectos de infraestructura se retrasan sistemáticamente y las reformas estructurales que el país necesita —en educación, salud y formalización laboral— quedan perpetuamente postergadas.
El crecimiento potencial de Perú se ha reducido. Si bien la economía no colapsa, tampoco alcanza las tasas de expansión que registraba a principios de siglo, cuando el país crecía a ritmos superiores al 6% anual. Actualmente, las proyecciones se ubican en torno al 3%, un nivel insuficiente para cerrar las brechas sociales que persisten.
La informalidad laboral, que afecta a más del 70% de la fuerza de trabajo, es quizás el síntoma más elocuente de esta paradoja. La economía resiste en sus indicadores macro, pero millones de peruanos siguen sin acceso a empleos formales, protección social o servicios públicos de calidad.
¿Hasta cuándo puede resistir el modelo?
La gran incógnita es si esta resiliencia tiene límites. Los analistas coinciden en que las instituciones económicas han demostrado una fortaleza notable, pero advierten que la erosión continua de la gobernabilidad podría eventualmente contaminar incluso los espacios técnicos que hasta ahora se han mantenido protegidos.
Si la crisis política se profundiza y comienza a afectar la independencia del BCRP, la disciplina fiscal o los marcos regulatorios del sector extractivo, el blindaje económico podría debilitarse significativamente. Perú demuestra que las instituciones importan más que los nombres en el poder, pero también que ninguna institución es invulnerable al deterioro político sostenido.
