La Defensoría del Pueblo de Bolivia reportó este sábado la detención de 47 personas y cinco heridas durante la operación militar y policial destinada a desbloquear las carreteras en el departamento de La Paz. Este operativo, realizado en el contexto de una jornada de protestas liderada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz, tiene como objetivo principal exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, argumentando su incapacidad para solucionar los conflictos estructurales del país. La entidad defensora confirmó que la situación fue monitoreada y se buscó la asignación de abogados de defensa pública para los detenidos.
Impacto en la seguridad y derechos humanos
Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, informó que hacia el final de la tarde se registraron las cifras oficiales de detenidos en las ciudades de La Paz y El Alto. Respecto a los heridos, se confirmó que cinco personas recibieron atención médica por afectaciones oculares y faciales, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre la gravedad de sus lesiones. La Defensoría también verificó agresiones e impedimentos al trabajo periodístico, solicitando la protección de los informadores. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) detalló que dos periodistas sufrieron lesiones en una emboscada en el sur de La Paz, donde uno de ellos fue retenido con violencia y le destruyeron su equipo.
Resistencia en El Alto y repliegue gubernamental
La tensión se extendió a la zona de Río Seco en El Alto, donde los manifestantes respondieron a los gases lacrimógenos con piedras y cargas de dinamita. A pesar de que la operación logró despejar parcialmente la carretera troncal que conecta La Paz con Oruro y abrir un corredor humanitario para combustibles y oxígeno medicinal, el Gobierno ordenó el repliegue de las fuerzas de seguridad. Esta decisión se tomó para evitar un derramamiento de sangre que afecte a ambos bandos, reconociendo la resistencia organizada de los bloqueadores en sectores clave como Lipari.
Diálogo y verificación de vulneraciones
El defensor del Pueblo remarcó que la prioridad actual debe ser la protección de la vida y la convivencia pacífica. Callisaya indicó que su entidad analiza con la Iglesia católica la posibilidad de generar un espacio de desescalada y reconciliación. Asimismo, se recibieron denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos durante los operativos, las cuales se encuentran en proceso de verificación institucional. La prolongación de los bloqueos, iniciados hace once días, ha generado afectaciones humanitarias y confrontaciones entre sectores movilizados y vecinos en distintos puntos del departamento.
