En el transcurso de los primeros cinco meses del año 2026, tres alcaldes peruanos han sido asesinados en las regiones de Ica, Piura y Junín. Esta ola de violencia contra autoridades locales representa un desafío crítico para el nuevo gobierno a cargo de Keiko Fujimori, quien deberá enfrentar la problemática de inseguridad ciudadana que ataca directamente a los representantes electos. Los homicidios ocurrieron entre enero y mayo: Edward Amoroto (Los Aquijes), Iroshi Ureta Campos (Coviriali) y Víctor Hugo Febre Calle (Veintiséis de Octubre). Especialistas advierten que el ejecutivo entrante deberá implementar estrategias efectivas para proteger la gobernanza territorial.
La lógica económica del crimen organizado
Víctor Hugo Febre, alcalde de Veintiséis de Octubre en Piura, fue asesinado el 21 de mayo mientras se desplazaba en una camioneta. Su madre, Paz Calle, expresó su dolor y la necesidad de justicia, señalando que su hijo recibía amenazas vinculadas a la negativa del municipio para otorgar permisos de obras públicas. La policía detuvo al presunto sicario y a seis personas más, incluida la regidora Patricia Niño, quien cumple prisión preventiva. En el caso de Febre, se ha confirmado una tensa relación entre las autoridades locales y grupos criminales que buscan influir en decisiones fiscales y de zonificación.
El criminólogo José Villaorduña explica que estos atentados no son actos aislados, sino intentos del crimen organizado de mostrar su poder. Al apuntar a un alcalde, los delincuentes atacan la capacidad de gobernar y fiscalizar el territorio. Villaorduña destaca que las organizaciones criminales buscan comprender las economías ilegales para debilitar al Estado. Esta dinámica se ha aprovechado de la tensión entre el congreso y el ejecutivo en gobiernos anteriores, lo que ha permitido a los grupos armados expandir su influencia sin una respuesta estatal contundente, de acuerdo con Perspectiva.
Recomendaciones técnicas y contexto histórico
Frente a esta realidad, Carlos Basombrío, exministro del Interior, recomienda al nuevo gobierno abandonar las declaratorias de estados de emergencia en provincias como Piura e Ica, medidas que considera fracasadas. En su lugar, sugiere fortalecer los equipos de investigación e inteligencia y derogar leyes que han perjudicado la lucha contra el crimen organizado. Basombrío enfatiza la importancia de actuar con contundencia mediante herramientas judiciales efectivas para desarticular las estructuras criminales.
El contexto histórico muestra que en los últimos quince años, diez alcaldes fueron asesinados por disputas de poder e intereses económicos. Casos previos incluyen el homicidio del alcalde electo Manuel Vigo Muñoz en Cajamarca (2018) y la condena al autor intelectual Rommel Meza en Áncash (2012). Walter Guerrero, vicepresidente de la Asociación de Alcaldes Distritales de Piura, ha expresado su desprotección, señalando que las autoridades no reciben llamadas oficiales sobre riesgos ni medidas de seguridad específicas. El próximo 4 de octubre se elegirán miles de gobernadores y alcaldes en un contexto donde ejercer el cargo público puede costar la vida, tal como señaló Peru21.
