El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) ha declarado la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por un plazo de 90 días calendario, una medida urgente destinada a contener la propagación del virus H5N1. Esta decisión se toma tras confirmar un nuevo brote de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral ubicadas en un predio del distrito de San Vicente de Cañete, región Lima. La autoridad busca evitar afectaciones graves a la producción avícola nacional, sector estratégico que abastece el 70% de la proteína de origen animal consumida por los peruanos.
Respuesta técnica y medidas de contención
Según la resolución jefatural emitida por Senasa, el virus fue confirmado el pasado 6 de julio mediante pruebas realizadas en el Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal. Inmediatamente después de la detección, se dispuso la cuarentena del predio afectado y el sacrificio sanitario de todas las aves presentes. Asimismo, se estableció una zona perifocal con restricciones estrictas para el traslado de aves y se reforzó la vigilancia epidemiológica en la zona.
El documento oficial señala que la naturaleza biológica y el comportamiento epidemiológico del virus imposibilitan su contención mediante métodos de manejo habituales, lo cual justifica esta intervención de emergencia. La industria avícola enfrenta un riesgo inminente frente a una enfermedad altamente contagiosa y mortal para las aves, poniendo en jaque la seguridad alimentaria basada en pollo y huevo fresco.
Impacto regulatorio en el sector productivo
Durante los 90 días de vigencia de esta emergencia sanitaria, Senasa intensificará acciones de vigilancia con énfasis en la zona del brote. Se prohíbe estrictamente la movilización de aves domésticas vivas y productos avícolas sin autorización o certificación sanitaria correspondiente. También se restringe la realización de eventos gallísticos, ferias y exposiciones que impliquen concentraciones de aves en las zonas afectadas.
Los propietarios de granjas avícolas deberán cumplir con cuarentenas impuestas por la autoridad, reforzar medidas de bioseguridad e instalar sistemas de desinfección. El incumplimiento de estas disposiciones permitirá a Senasa solicitar el apoyo de la fuerza pública y aplicar sanciones conforme a la normativa vigente.
