El caso de la presunta agresión sexual a un menor de 16 años en el colegio Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito limeño de San Borja, ha generado una profunda repercusión política y social. El senador de Fuerza Popular, Jacques Rodrich, y la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, analizaron los detalles del incidente durante sus respectivas apariciones en RPP, cuestionando tanto la supervisión adulta como las políticas públicas vigentes.
Crítica a la gestión escolar y responsabilidad
Jacques Rodrich Ackerman expresó su preocupación por la falta de supervisión de los adultos presentes en el autobús donde se habría producido el supuesto abuso. Durante una entrevista con el programa Prueba de fuego, cuestionó si las personas encargadas estaban al tanto de lo que ocurría y señaló que no existe responsabilidad clara para quienes debían velar por la seguridad de los estudiantes.
"¿Y los adultos que estaban en el bus no se dieron cuenta? Creo que no hay responsabilidad. Y si hay algo que en el Perú carecemos es responsabilidad", afirmó Rodrich Ackerman.
El legislador también criticó la conducta de los involucrados, calificándolos de "salvajes" e inimputables según las leyes vigentes. Además, planteó un cambio estructural en la administración educativa: sostuvo que el Ministerio de Educación debe regentar los colegios vinculados a las fuerzas armadas, ya que la Marina de Guerra del Perú tiene otras funciones.
Normalización de la violencia y marco legal
Por su parte, Ana Jara Velásquez consideró que este incidente refleja un problema mayor derivado de retrocesos en políticas públicas de igualdad y enfoque de género. En el programa Las cosas como son, advirtió que estas deficiencias han provocado la normalización de la agresión sexual entre adolescentes, al punto de que los testigos no acudieron en auxilio de la víctima, como publicó este diario en Denuncian falsedad del asesor de Karina Santana y video de abuso en Huaral.
"Lo ocurrido no puede ser calificado de otra manera que agresión sexual. Es un problema estructural silente", señaló Jara Velásquez.
Sobre el marco legal, la exministra recordó que el Código de los Niños y Adolescentes establece sanciones privativas de libertad entre 6 y 10 años en centros juveniles como Maranguita. Tras cumplir su mayoría de edad, los infractores serían trasladados a un pabellón especial en El Callao para completar su condena.
