La inestabilidad política en el Perú ha alcanzado un nuevo capítulo. El pleno del Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí como presidente del Parlamento y, en consecuencia, como presidente de la República. Con esta decisión, el país se encamina a elegir mañana, 18 de febrero, a un nuevo titular del Legislativo que asumirá automáticamente la jefatura del Estado, convirtiéndose en el octavo presidente peruano en apenas una década.
Este escenario, lejos de ser excepcional, se ha convertido en una constante que erosiona la confianza empresarial, frena inversiones y genera incertidumbre en los mercados. La pregunta que recorre los pasillos del sector privado es directa: ¿qué se puede esperar esta vez?
Una rotación presidencial sin precedentes en la región
Desde 2016, Perú ha transitado por los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí, este último en calidad de presidente del Congreso ejerciendo el cargo de jefe de Estado. La cifra resulta alarmante en cualquier contexto democrático y coloca al país andino como uno de los más inestables políticamente en América Latina.
Cada cambio de mando ha traído consigo recomposiciones en los gabinetes ministeriales, retrasos en la ejecución de políticas públicas y un mensaje preocupante para los inversionistas: la falta de continuidad institucional. Los analistas coinciden en que esta volatilidad política tiene un costo económico real que se refleja en la postergación de proyectos de inversión y en la cautela del capital extranjero.
El impacto económico de la inestabilidad política
El sector empresarial peruano ha aprendido a operar en un entorno de incertidumbre casi permanente. Sin embargo, eso no significa que la situación sea inocua. Según diversos gremios empresariales, la rotación constante en la Presidencia de la República dificulta la implementación de reformas estructurales que el país necesita con urgencia.
Entre las principales preocupaciones del empresariado se encuentran la simplificación regulatoria, la promoción de la inversión privada, la reactivación de megaproyectos de infraestructura y la mejora del clima de negocios. Cada nuevo gobierno implica un reinicio en las conversaciones, nuevos interlocutores y, frecuentemente, nuevas prioridades que no necesariamente se alinean con las agendas productivas del sector privado.
"Lo que el empresariado peruano necesita no es un presidente en particular, sino estabilidad institucional que permita planificar a mediano y largo plazo", coinciden diversos representantes gremiales del país.
La inversión privada, que representa un motor fundamental del crecimiento económico peruano, se ha visto afectada en los últimos años. Los grandes proyectos mineros, de infraestructura y energéticos requieren marcos regulatorios estables y señales claras desde el Ejecutivo, condiciones difíciles de garantizar cuando la jefatura del Estado cambia con tanta frecuencia.
¿Qué esperan los empresarios del próximo mandatario?
Las expectativas del sector privado para quien asuma la Presidencia de la República son concretas y reiteradas. En primer lugar, los gremios empresariales demandan una agenda económica clara que priorice la reactivación productiva y la generación de empleo formal. El Perú enfrenta tasas elevadas de informalidad laboral que superan el 70%, un problema estructural que requiere políticas sostenidas en el tiempo.
En segundo lugar, el empresariado espera señales de respeto a la institucionalidad y al Estado de derecho. La seguridad jurídica es un factor determinante para las decisiones de inversión, y cada episodio de crisis política deteriora la percepción de riesgo del país ante los mercados internacionales.
Asimismo, sectores como la minería, la agroindustria y el comercio exterior demandan continuidad en las políticas de apertura comercial y en los compromisos asumidos en los tratados de libre comercio vigentes. Perú mantiene acuerdos con Estados Unidos, China, la Unión Europea y otros socios estratégicos que requieren gestión activa y consistente.
El reto de gobernar en un Congreso fragmentado
Quien asuma la Presidencia de la República desde el Congreso enfrentará el desafío adicional de liderar en un Parlamento altamente fragmentado, donde las alianzas son volátiles y las agendas legislativas se cruzan con intereses políticos de corto plazo.
Esta fragmentación ha sido, precisamente, una de las causas principales de la inestabilidad. La falta de mayorías claras y la proliferación de bancadas pequeñas han convertido al Congreso en un escenario de negociación permanente, donde las censuras y las mociones de vacancia se han normalizado como herramientas políticas.
Para el sector empresarial, este panorama legislativo representa un riesgo adicional. Proyectos de ley que podrían impulsar la competitividad del país se estancan, mientras que iniciativas populistas o regulaciones contraproducentes avanzan sin el debido análisis técnico.
Perspectivas para los mercados y la economía peruana
A pesar de la turbulencia política, la economía peruana ha demostrado cierta resiliencia gracias a sus fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos. El Banco Central de Reserva del Perú ha mantenido una política monetaria prudente, las reservas internacionales se mantienen en niveles adecuados y la deuda pública sigue siendo manejable en comparación con otros países de la región.
No obstante, los analistas advierten que esta resiliencia tiene límites. Si la inestabilidad política se profundiza o se prolonga sin una hoja de ruta clara hacia las elecciones generales, el impacto sobre la inversión, el empleo y el crecimiento podría ser más severo.
El mensaje del empresariado peruano es claro: el país necesita gobernabilidad, previsibilidad y un compromiso genuino con las reformas que impulsen el desarrollo económico. El octavo presidente en diez años tendrá la oportunidad —y la responsabilidad— de marcar un punto de inflexión o, lamentablemente, de convertirse en un capítulo más de una crisis institucional que parece no tener fin.
