El Congreso de la República del Perú votó este martes la destitución del presidente interino José Jerí, sumiendo al país en una nueva ola de inestabilidad política que se ha convertido en una constante durante los últimos años. La decisión legislativa llega en un momento crítico, a pocas semanas de las elecciones presidenciales programadas para abril, generando incertidumbre en los mercados y en la ciudadanía.
La salida de Jerí se suma a una larga lista de mandatarios que han sido removidos, han renunciado o han sido arrestados en el Perú reciente, consolidando al país como uno de los casos más extremos de inestabilidad presidencial en América Latina.
Un patrón recurrente de vacancia presidencial
La crisis política peruana no es nueva. Desde 2016, el país ha experimentado una rotación presidencial sin precedentes en la región. Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 ante una inminente vacancia. Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso en 2020. Manuel Merino duró apenas cinco días en el cargo tras masivas protestas. Pedro Castillo fue vacado y arrestado en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso de manera inconstitucional.
La destitución de Jerí se inscribe en este patrón de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, donde el mecanismo de vacancia por incapacidad moral permanente se ha utilizado de manera recurrente. Los críticos señalan que este instrumento constitucional se ha desnaturalizado, convirtiéndose en una herramienta de presión política más que en un recurso excepcional.
Para los analistas, el problema estructural radica en un sistema político fragmentado, con partidos débiles, y un Congreso que ha demostrado tener un poder desproporcionado para remover presidentes sin necesidad de convocar nuevas elecciones legislativas.
Las razones detrás de la destitución
La votación en el Congreso reflejó las profundas divisiones que caracterizan al parlamento peruano, compuesto por múltiples bancadas con agendas divergentes. Jerí, quien asumió el cargo de manera interina, enfrentó desde el inicio cuestionamientos sobre su legitimidad y capacidad para gobernar en un periodo de transición.
El contexto económico también jugó un papel determinante. El Perú enfrenta desafíos significativos en materia de crecimiento, inversión y confianza empresarial. La incapacidad del gobierno interino para ofrecer señales claras de estabilidad y continuidad en las políticas económicas erosionó rápidamente el respaldo político necesario para mantenerse en el poder.
La inestabilidad política crónica del Perú tiene un costo económico real: afecta la inversión extranjera, deprecia la moneda y genera incertidumbre en sectores clave como la minería y la agroexportación.
Además, las tensiones sociales no resueltas desde las protestas de 2022 y 2023 continúan siendo un factor de presión constante sobre cualquier gobierno, sea este elegido o interino.
Impacto en los mercados y la economía peruana
La reacción de los mercados financieros ante la nueva crisis política es un indicador clave para evaluar la magnitud del problema. Históricamente, cada episodio de vacancia presidencial ha generado volatilidad en el tipo de cambio del sol peruano, caídas en la Bolsa de Valores de Lima y un aumento en la percepción de riesgo país.
El sector minero, que representa una parte sustancial de las exportaciones peruanas y de los ingresos fiscales, es particularmente sensible a la inestabilidad institucional. Las empresas mineras requieren marcos regulatorios predecibles y estabilidad jurídica para sus inversiones de largo plazo, condiciones que se deterioran con cada cambio de gobierno.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha mantenido una política monetaria prudente que ha servido como ancla de estabilidad macroeconómica, pero incluso la solidez técnica del banco central tiene límites cuando la incertidumbre política se vuelve crónica.
¿Qué viene ahora para el Perú?
Con las elecciones presidenciales programadas para abril, la pregunta central es quién asumirá el poder ejecutivo en el periodo de transición y bajo qué condiciones. La línea de sucesión constitucional establece que la presidencia del Congreso asume el cargo, pero este mecanismo ya ha demostrado ser una solución temporal e insuficiente.
Los candidatos presidenciales enfrentan el desafío de presentar propuestas que no solo aborden las demandas económicas y sociales de la población, sino que también ofrezcan una ruta para reformar el sistema político y evitar que la vacancia presidencial siga siendo un instrumento de uso frecuente.
Entre las reformas más discutidas se encuentran la modificación de los requisitos para la vacancia por incapacidad moral, la implementación de elecciones generales simultáneas cuando se destituye a un presidente, y el fortalecimiento de los partidos políticos como instituciones de representación democrática.
Para la comunidad empresarial e inversora, tanto nacional como internacional, el mensaje es claro: el Perú necesita urgentemente un acuerdo político mínimo que garantice gobernabilidad. Sin ello, el potencial económico del país —con sus vastos recursos naturales, su posición estratégica en el Pacífico y su historial de disciplina macroeconómica— seguirá siendo desaprovechado.
La próxima administración que surja de las elecciones de abril tendrá sobre sus hombros no solo la tarea de gobernar, sino la responsabilidad histórica de reconstruir la confianza institucional en un país que ha perdido la cuenta de cuántos presidentes ha tenido en los últimos años.
