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Paraguay: Congreso rechaza renuncia de Peña y avanza con juicio político
La Cámara de Diputados aprobó la acusación contra Santiago Peña por la crisis del Ueno Bank; el Senado iniciará su juzgamiento este viernes.
El Congreso Nacional de Paraguay resolvió este jueves, 5 de noviembre, continuar con el proceso de juicio político para la destitución del presidente Santiago Peña. Esta decisión se adoptó tras el fracaso de una sesión bicameral convocada específicamente para tratar su renuncia voluntaria al cargo. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación formal por mal desempeño de funciones y, poco después, recibió el libelo acusatorio en el Senado, donde ya tomaron juramento a los 45 senadores como integrantes del tribunal constitucional.
La estrategia política detrás del rechazo
El objetivo principal de las bancadas opositoras es evitar que la renuncia otorgue inmunidad al mandatario. Según la legislación paraguaya, un expresidente asume automáticamente el cargo vitalicio de senador, lo cual le impediría ser procesado judicialmente por los hechos investigados. Por esta razón, se prioriza su destitución formal para garantizar que pueda enfrentar las acusaciones sin fueros. Ante las especulaciones sobre una posible huida del jefe de Estado al extranjero, Guillermo Grance, vocero de la Presidencia, reiteró públicamente que Peña permanece en el país y cumplirá con su deber constitucional de defenderse.
El detonante: colapso financiero del Ueno Bank
La crisis política se desencadenó tras la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) al detectar un índice de solvencia por debajo del mínimo legal. Este cierre congeló los ahorros de casi tres millones de clientes, paralizando compras básicas y cobro de salarios. Las inspecciones revelaron una red de créditos irregulares que generaron un desajuste contable superior a 1,6 billones de guaraníes (aproximadamente 273,600 millones de dólares). Durante las audiaciones parlamentarias, se documentó la participación accionaria del presidente en Ueno Holding hasta abril de 2025, como contamos en Jorge Nieto: De la crítica al Movadef a la bancada del desgobierno.
Consecuencias sociales y penales
La Fiscalía General ha investigado a 39 autoridades, incluyendo al vicepresidente Pedro Alliana. Paralelamente, se ordenó la prisión preventiva de seis directivos bancarios y el arresto domiciliario de ejecutivas. La afectación también impacta los fondos públicos: el Ministerio de Economía denunció riesgos sobre G. 250.000 millones depositados en Certificados de Depósito de Ahorro destinados a pensionados. Mientras tanto, la población ha respondido con protestas masivas; efectivos policiales reprimieron a ahorristas cerca del Congreso y exfuncionarios bloquearon el Ministerio de Trabajo.
