Foto: Diego Delso · CC BY-SA 4.0
Gobierno entrega terrenos en Huacho para dos nuevos penales
Vivienda transfirió 2 611 hectáreas al Minjus; Álvarez proyecta capacidad conjunta para 24 mil internos.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, lideró el martes 4 de noviembre de 2026 la entrega de dos predios estatales ubicados en Huacho, por un total de 2 611,61 hectáreas, de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), para la construcción de dos nuevos penales. La ceremonia se realizó en el penal Ancón I, con participación de los ministros de Vivienda, Mauricio Arnillas; de Justicia, Ernesto Álvarez; y de Defensa, Rafael Belaunde, además del superintendente de la SBN, Ángel Manero, y del presidente ejecutivo del INPE, Abraham Lescano.
Según la nota oficial del Ministerio de Vivienda, el primer predio —2 161,68 hectáreas al oeste de la hacienda La Capullana, a la altura del kilómetro 131 de la Panamericana Norte— se destinará a los establecimientos penitenciarios especializados. El segundo —449,93 hectáreas al este de la misma vía, entre los kilómetros 127 y 133— se usará para acceso vial y servicios complementarios.
Fujimori encargó a Álvarez acelerar la obra «de manera rápida, eficiente y absolutamente segura» y situó el anuncio en la política de recuperar el orden en los establecimientos penitenciarios. En la misma jornada se verificó el funcionamiento del nuevo módulo de seguridad en Ancón I, el segundo implementado en el país tras el de El Milagro, en Trujillo.
En declaraciones posteriores, el ministro Ernesto Álvarez precisó el alcance proyectado: un penal orientado a unos 14 mil reos primarios con énfasis en resocialización —denominado provisionalmente «Huacho 14»— y otro para unos 10 mil cabecillas y operadores de bandas criminales, que sería, según dijo, la cárcel de mayor capacidad del país. El Ejecutivo evalúa un sistema modular de paneles prefabricados para ejecutar las obras en alrededor de un año, con la meta de comprimir trámites administrativos a unos seis meses.
Álvarez vinculó la iniciativa al reforzamiento de cárceles productivas —talleres, agricultura y carpintería— y a experiencias observadas en la visita oficial a El Salvador. La presidenta, por su parte, insistió en que la política penitenciaria debe combinar control con resocialización de internos de menor peligrosidad, como contamos en Presidenta Fujimori ordena reclasificar a toda la población penal del país.
El anuncio se produce en un momento de presión por inseguridad ciudadana y de hacinamiento carcelario. La transferencia de terrenos cierra el eslabón patrimonial; faltan diseño, financiamiento detallado, permisos y cronograma vinculante. Para la oposición y la opinión pública, el test será la velocidad real de ejecución frente a los plazos anunciados.
En términos de poder, el Ejecutivo apuesta por una señal dura de infraestructura penitenciaria tras medidas recientes de reclasificación y control perimetral. El Minjusdh asume la responsabilidad operativa; Vivienda y la SBN aportaron el suelo. El siguiente paso institucional es convertir las resoluciones de transferencia en proyectos de inversión con plazos, costos y régimen de seguridad diferenciado.
