El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha oficializado el nombramiento del oficial en retiro de las Fuerzas Armadas, Abraham Alejandro Lescano Salazar, como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esta decisión se formalizó mediante una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), la cual también acepta la renuncia presentada previamente por Raúl Timoteo Inga Garay. El cambio en la dirección de esta entidad ocurre en un contexto marcado por la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario nacional.
Detalles de la resolución y el relevo
Según consta en el documento firmado por la presidenta Fujimori y el titular de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, se designa a Lescano Salazar "en tanto se mantenga en funciones el Instituto Penitenciario". La norma también recoge explícitamente la renuncia del expresidente Raúl Timoteo Inga Garay, agradeciendo los servicios prestados por su gestión. Esta salida sucede apenas unos meses después de que Inga fuera designado en mayo del presente año para reemplazar a Jorge Henry Cotos Ochoa durante el gobierno anterior del expresidente José María Balcázar, más contexto en Keiko Fujimori supervisa acciones nacionales ante emergencia por lluvias.
Contexto institucional y la Sunir
El boletín oficial recuerda que el INPE se encuentra bajo una declaratoria de emergencia. En este marco, se ha establecido la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), entidad diseñada para absorber tanto al INPE como al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres). La norma detalla que, hasta el término del proceso de fusión, las entidades absorbidas continuarán ejerciendo sus funciones propias manteniendo sus responsabilidades, como publicó este diario en Keiko Fujimori supervisa acciones nacionales ante emergencia por lluvias.
Continuidad operativa
A través del Decreto Supremo 013-2026-JUS, el Poder Ejecutivo dispuso prorrogar la declaratoria de emergencia del sistema nacional penitenciario. Esta medida busca garantizar la continuidad de las capacidades operativas y asegurar que se ejecuten acciones necesarias para mantener la estructura administrativa vigente durante la transición hacia la nueva superintendencia.
