El Gobierno del Perú ha declarado oficialmente el Estado de Emergencia en veintitrés regiones y la provincia constitucional del Callao. Esta decisión, plasmada a través del Decreto Supremo N° 124-2026-PCM publicado en El Peruano, busca acelerar la asignación de recursos y ejecutar obras preventivas ante las lluvias intensas provocadas por el Fenómeno de El Niño 2026-2027. La medida establece un plazo de vigencia de sesenta días para implementar acciones extraordinarias que reduzcan el impacto de desbordamientos hídricos e inundaciones.
Regiones afectadas y marco legal
La normativa contempla la intervención directa de los gobiernos regionales y locales, quienes deberán coordinar sus medidas con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), así como con otros ministerios y entidades públicas. Las intervenciones están diseñadas para minimizar riesgos identificados en informes técnicos previos elaborados por Senamhi, CENEPRED e INFEM.
Las regiones incluidas explícitamente en la lista son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura y San Martín. Adicionalmente, se clasifican como áreas vulnerables distritos específicos de Tacna, Tumbes, Ucayali y el Callao.
Situación sobre viajes interprovinciales
Ante la declaración oficial, surge la interrogante respecto a posibles restricciones en los desplazamientos ciudadanos. El texto del decreto no menciona prohibiciones específicas ni suspensiones automáticas de rutas interprovinciales. La prioridad normativa se centra en la respuesta inmediata ante eventos climáticos y las labores de rehabilitación necesarias, como publicó este diario en Gobierno declara emergencia nacional por El Niño en 23 regiones.
Cualquier modificación operativa o cierre definitivo de vías será comunicado oportunamente por el Gobierno central. Hasta este momento, no existe una orden nacional que restrinja la movilidad generalizada; sin embargo, se insta a la coordinación entre autoridades locales para garantizar la seguridad en zonas de alto riesgo hídrico durante los próximos dos meses.
