El gobierno federal, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha acusado formalmente al estado de California de violar la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense debido a su nueva legislación restrictiva sobre pistolas tipo Glock. Esta disputa legal marca un punto álgido en el enfrentamiento entre las políticas de control de armas impulsadas por los gobiernos estatales progresistas y la postura del ejecutivo federal republicano, que defiende el derecho al porte de armas como un privilegio fundamental.
La acusación federal
Sin embargo, California se mantiene firme en su posición, argumentando que las nuevas medidas son necesarias para prevenir la proliferación de armas que pueden ser modificadas fácilmente por civiles. Según los defensores del estado, estas modificaciones permiten convertir pistolas semiautomáticas estándar en dispositivos capaces de disparar múltiples proyectiles con una sola presión del gatillo, lo que se conoce coloquialmente como "ametralladoras caseras".
El debate sobre la seguridad pública
Mientras tanto, el estado justifica su normativa basándose en datos locales y nacionales sobre violencia armada. La legislación busca restringir no solo las armas ya calificadas ilegalmente por la ley federal, sino también aquellas que pueden ser alteradas para cumplir con esa definición de arma automática sin licencia.
