Con 35 candidatos compitiendo por la presidencia del Perú en las elecciones de 2026, la lucha contra el crimen organizado se ha convertido en el eje central del debate electoral. En un país donde la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles históricos, los aspirantes al sillón de Pizarro buscan diferenciarse con propuestas que van desde el endurecimiento penal hasta reformas integrales del sistema de justicia.
La proliferación de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, el sicariato y el narcotráfico ha transformado la vida cotidiana de millones de peruanos, convirtiendo la seguridad en la principal preocupación ciudadana según múltiples encuestas. Este escenario ha obligado a todos los candidatos, sin excepción, a posicionarse con firmeza ante un electorado que exige soluciones concretas.
Propuestas punitivas dominan el debate electoral
La mayoría de los candidatos ha optado por un enfoque de mano dura como estrategia para captar el voto de un electorado frustrado. Las propuestas incluyen la ampliación de estados de emergencia, el incremento de penas para delitos vinculados al crimen organizado, la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna y la construcción de nuevos penales de máxima seguridad.
Sin embargo, analistas políticos y expertos en seguridad advierten que las propuestas exclusivamente punitivas tienen limitaciones significativas. La experiencia de otros países latinoamericanos que han atravesado crisis similares demuestra que el endurecimiento penal por sí solo no resuelve el problema de fondo si no va acompañado de fortalecimiento institucional.
El modelo de Nayib Bukele en El Salvador, que ha sido referenciado por varios candidatos peruanos, genera tanto admiración como controversia. Mientras algunos ven en la experiencia salvadoreña un caso de éxito replicable, otros señalan los costos en materia de derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho que ha implicado.
La raíz del problema: debilidad institucional y corrupción
El crecimiento del crimen organizado en Perú no es un fenómeno aislado sino el resultado de décadas de debilidad institucional, corrupción enquistada en el aparato estatal y la penetración de economías ilícitas en diversas regiones del país. La minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal han generado estructuras criminales que operan con impunidad en vastos territorios.
Lima, que tradicionalmente se percibía como una ciudad relativamente segura en comparación con otras capitales latinoamericanas, ha experimentado un incremento alarmante en extorsiones a pequeños y medianos empresarios. El fenómeno, que antes se concentraba en regiones como La Libertad y Lambayeque, se ha extendido a prácticamente todo el territorio nacional.
Las propuestas exclusivamente punitivas, similares a las que han planteado varios candidatos, tienen efectos limitados si no se acompañan de una reforma profunda del sistema de justicia y del fortalecimiento de la Policía Nacional, según coinciden analistas en seguridad ciudadana.
La Policía Nacional del Perú enfrenta serias carencias en equipamiento, tecnología y recursos humanos. Muchos efectivos trabajan en condiciones precarias, con salarios que no corresponden al nivel de riesgo que enfrentan, lo que ha generado problemas de retención de personal calificado y, en algunos casos, ha facilitado la infiltración criminal en las propias fuerzas del orden.
El impacto económico de la inseguridad
El crimen organizado no solo afecta la seguridad de los ciudadanos sino que tiene un impacto directo en la economía peruana. Las extorsiones a empresas de transporte, comercios y obras de construcción funcionan como un impuesto paralelo que encarece los costos de operación y desincentiva la inversión.
El sector construcción ha sido particularmente golpeado. Organizaciones criminales que operan bajo la fachada de sindicatos de trabajadores extorsionan a constructoras exigiendo cupos para permitir el avance de obras, un fenómeno que ha encarecido proyectos de infraestructura tanto públicos como privados.
Para el sector empresarial peruano, la próxima administración deberá priorizar no solo la persecución del delito sino también la creación de un entorno de negocios seguro que permita la recuperación económica. La inversión privada, motor fundamental del crecimiento, se ve directamente afectada cuando los costos de seguridad se convierten en una barrera para operar.
Un electorado fragmentado busca liderazgo
La fragmentación del voto entre 35 candidatos refleja la crisis de representación política que atraviesa el Perú. Con encuestas que muestran a la mayoría de aspirantes con porcentajes de intención de voto en un solo dígito, la capacidad de articular una propuesta creíble contra el crimen organizado podría ser el factor diferenciador que permita a algún candidato despegarse del pelotón.
Los electores peruanos enfrentan el desafío de evaluar propuestas en un contexto de profunda desconfianza hacia la clase política. La sucesión de escándalos de corrupción que ha afectado a prácticamente todos los expresidentes vivos genera escepticismo sobre la voluntad real de cualquier candidato para enfrentar las redes criminales que, en muchos casos, tienen vínculos con el propio establishment político.
Lo que está en juego no es solo la próxima presidencia, sino la viabilidad del Perú como un país donde el Estado de derecho prevalezca sobre las estructuras criminales que cada día ganan más terreno. El candidato que logre transmitir un plan integral, que combine firmeza con inteligencia estratégica, podría encontrar en la crisis de seguridad la oportunidad de consolidar el liderazgo que el país necesita.
