Las autoridades investigan el asesinato de Marco Antonio Arbulú Huaraca, de 43 años, hallado muerto este sábado 1 de agosto en la avenida 9 de Octubre, distrito del Rímac. Según las primeras indagaciones policiales, la víctima mantendría un vínculo laboral con Iván Quispe, propietario de la cadena de pollerías 'El Chino Brasa', quien denunció públicamente haber sido extorsionado por la organización criminal 'Los Injertos del Rímac' en 2024. El crimen ocurrió a pocos metros de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Policía Nacional, lo que ha intensificado las pesquisas sobre los autores materiales e intelectuales.
Detalles del hecho y contexto geográfico
El ataque se produjo cuando Arbulú Huaraca conducía una camioneta azul en un semáforo. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal aprovecharon la luz roja para acercarse; uno de ellos, sin casco, descendió e impactó al conductor con cuatro balazos, falleciendo de forma instantánea por los golpes recibidos en el hombro izquierdo y la cabeza. Tras el hecho, los agresores huyeron hacia la Vía de Evitamiento. La zona fue acordonada inmediatamente por efectivos policiales, mientras peritos de criminalística y un fiscal de turno procedieron al levantamiento del cadáver para iniciar las diligencias correspondientes.
La conexión con el empresario denunciante
El elemento central de la investigación es la relación laboral entre la víctima fallecida y Iván Quispe. En agosto de 2024, este empresario reportó a RPP que recibía amenazas por parte de 'Los Injertos del Rímac' tras inaugurar una sede en la avenida Alcázar. Los extorsionadores exigían un pago inicial de S/100 mil y mensualidades de S/5 000 para no atentar contra su familia ni colaboradores. Quispe identificó a Daniel Calderón Egusquiza ('Criter') y Michael Gutiérrez Villagaray ('Maykel') como los cabecillas responsables del terror en el distrito.
Impacto en la seguridad empresarial local
Este incidente resalta la vulnerabilidad de las empresas formales frente a organizaciones criminales estructuradas. La proximidad geográfica entre el lugar del crimen y una dependencia policial, sumado al perfil profesional de la víctima vinculado a un sector económico activo como la restauración rápida, sugiere que los motivos podrían estar relacionados con conflictos previos o cobro de cuotas ilegales. Las autoridades mantienen silencio sobre detalles operativos para no obstaculizar las investigaciones forenses y testimoniales en curso.
