Arequipa atraviesa un deterioro grave en su entorno de seguridad, lo cual representa una amenaza directa para la estabilidad económica y el desarrollo sostenible de la región. Según las cifras publicadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre 2020 y 2025, las denuncias por extorsión se multiplicaron por ocho, mientras que los registros sobre minería ilegal aumentaron siete veces en el mismo periodo. Estos datos cuantitativos evidencian una escalada significativa de la criminalidad organizada y del delito común que afecta la operatividad empresarial.
Impacto en el entorno económico regional
La multiplicación de estos delitos no solo compromete la integridad física de los ciudadanos, sino que también deteriora las condiciones necesarias para la inversión privada. La extorsión y la minería ilegal generan incertidumbre jurídica y operativa, factores disuasorios clave para el emprendimiento formal. Sin un marco de seguridad robusto, es difícil sostener cadenas de valor productivas ni atraer capital externo hacia la región sur del país.
La responsabilidad del Poder Ejecutivo
Frente a este escenario crítico, se requiere una estrategia sostenida que fortalezca los mecanismos de control y disuasión. El Poder Ejecutivo cuenta con las herramientas institucionales necesarias para enfrentar esta problemática estructural. La implementación efectiva de estas políticas depende directamente de la elección de un gobierno con un equipo técnico competente, capaz de articular acciones interinstitucionales.
Hacia el desarrollo sostenible
La seguridad es un prerrequisito fundamental para impulsar la inversión y promover más empleo formal. La correlación entre estabilidad social y crecimiento económico es evidente: sin garantías de seguridad ni expansión económica, no se alcanza un verdadero desarrollo regional. Es imperativo que las autoridades prioricen la recuperación del tejido social como base para el reactivación productiva de Arequipa.
